Después de aprobarse el marco normativo anticorrupción a nivel nacional desde el año pasado y a cuatro meses de que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entre en funciones, sólo dos estados: Chiapas y Nayarit, han aprobado en su totalidad el marco jurídico y reformado su Constitución para implementar sus respectivos sistemas locales anticorrupción (SLA).

Así lo informaron el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Transparencia Mexicana durante la presentación del proyecto Semáforo Anticorrupción, creado para divulgar los avances que se tengan en los congresos locales de las entidades del país respecto de la aprobación de las reformas que permitan implementar los SLA.

La vigilancia se realizará en dos sentidos, el primero de ellos, se dijo, será sobre la reforma a la Constitución local, basada en 10 indicadores, entre los que destaca la creación de un régimen de responsabilidades administrativas, que se debe hacer en cada una de las entidades para la implementación de los sistemas locales.

En segundo término se verificará y evaluará la ley de SLA basándose en 30 criterios, entre ellos, una correcta conformación del comité coordinador, del comité de participación ciudadana (CPC), una secretaría ejecutiva, entre otras más.

Max Kaiser, director anticorrupción del Imco, precisó que, hasta el 27 de febrero, 10 de las 32 entidades tenían una reforma constitucional satisfactoria, mientras que tres contaban con una regular; otros tres estados, con una deficiente; nueve no contaban con alguna reforma en la materia, y siete tenían una iniciativa atorada en sus congresos locales.

Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán tienen una reforma calificada como regular, en tanto que Jalisco, Morelos y Veracruz tienen una reforma constitucional deficiente.

Las reformas de Baja California y Tlaxcala se encuentran en el proceso de votación; la iniciativa de la primera entidad fue calificada como deficiente, mientras que el proyecto de ley de Tlaxcala fue considerado como satisfactorio.

Se especificó que en el caso de Jalisco su reforma era deficiente debido a la falta de un nuevo marco de régimen de responsabilidades administrativas, además de que no se reformó al Tribunal Administrativo.

En el estudio presentado destacó el caso de Morelos, debido a que la reforma aprobada por el Congreso local estipula que el CPC será nombrado por el mismo Legislativo y no por organizaciones civiles o ciudadanos, por lo cual es el estado con mayor riesgo de inconstitucionalidad .

Sin leyes secundarias

Por otra parte, en materia de las leyes de SLA, en la primera entrega de este monitoreo, que se realizará cada mes, se indicó que 24 entidades de la República no cuentan con una ley en este rubro, independientemente de la reforma constitucional que se debe aprobar.

En este sentido, la ley de Guanajuato y la iniciativa del Estado de México resaltan entre las demás, al prever la instalación de sistemas anticorrupción por cada municipio, lo que fue calificado por las organizaciones como innecesario y complican el accionar de los SLA .

Respecto a las entidades que tienen en sus congresos una iniciativa de ley en la materia, las organizaciones calificaron a los proyectos de Puebla y Nuevo León como satisfactorios, en tanto que las iniciativas de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí son regulares, y la de Morelos, se precisó, deficiente.

Morelos vuelve a ser reprobada porque las secretarías ejecutivas de los SLA, se estipula en la iniciativa, dependerán de la Fiscalía Anticorrupción, lo que quita imparcialidad e independencia al sistema en su conjunto.

Los congresos de las 32 entidades de la República tienen hasta el próximo 18 de julio, una vez que entre en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para aprobar sus sistemas locales, tanto en la reforma constitucional local como en la ley en el rubro.

Max Kaiser precisó que a pesar de lo cerca del plazo que hay para que el SNA entre en funciones, y, por ende, el riesgo que se corre de que los estados estén desfasados de las leyes federales, no existe alguna sanción estipulada para aquellas entidades que no logren concretar a tiempo sus reformas legislativas.

No hay sanciones, y justo por eso hacemos esta herramienta: no hay una sanción para los congresos locales ni para las estructuras políticas locales, la sanción que queremos provocar con esta herramienta es la sanción social , dijo.

Kaiser sostuvo que en especial preocupan, en este momento, los estados de Morelos, Jalisco y Veracruz, debido a que sus reformas constitucionales son deficientes, lo que haría que cualquier ley o reestructura el régimen administrativo o penal sean deficientes.

En el caso de Chiapas y Nayarit, que cumplen 100% tanto la reforma constitucional como la ley de los SLA, el directivo del Imco sostuvo que eso garantiza que las leyes se implementen de forma correcta.

A paso lento, el andamiaje legal

  • Diez estados tienen una reforma constitucional satisfactoria.
  • Nueve entidades no cuentan con alguna reforma en la materia.
  • Siete estados tienen estancada una iniciativa de reforma constitucional en sus Congresos.
  • Guerrero y Edomex pretenden implementar Sistemas Anticorrupción a nivel municipal.
  • Morelos pretende elegir a su CPC mediante el Congreso local.
  • Los congresos tienen hasta el 18 de julio para aprobar la reforma constitucional, así como la ley en el rubro.
  • En julio del año pasado, se aprobaron las leyes federales del SNA.
  • Nayarit y Chiapas son los únicos estados que podrían empezar a desarrollar su SLA en este momento.
  • El pasado 7 de diciembre, las mismas ONG presentaron una ley modelo para los SLA.

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