La CNDH mostró su preocupación por la situación que viven las Niñas Adolescentes y Mujeres con Discapacidad (NAMCD) en México, después de identificar su invisibilización dentro del marco jurídico nacional, del presupuesto público federal de manera específica, así como en los programas, políticas públicas y acciones en materia violencia, género, salud sexual, reproductiva y discapacidad.

Al presentar el Informe Especial “Violencia y los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Niñas, Adolescentes y Mujeres con Discapacidad en México”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), añadió que a nivel nacional, el marco jurídico no contempla la interseccionalidad, por lo que falta que se armonice con base en los instrumentos internacionales en materia de violencia, género, salud sexual, reproductiva y discapacidad de los que México es parte.

Aunado a que si bien se detecta la existencia de Centros de Atención para mujeres víctimas de violencia, no se especifica si los servicios se brindan de manera integral, accesible y tomando en cuenta los requerimientos específicos de este sector poblacional.

Luego de realizar un ejercicio de carácter exploratorio con el propósito de indagar sobre la legislación, políticas y acciones emprendidas para proteger los derechos de este sector de la población, la CNDH también detectó un desconocimiento de la sociedad en general y de las personas servidoras públicas, sobre los derechos de las NAMCD, los tipos y ámbitos de violencia a los que se enfrentan, así como los medios y mecanismos idóneos para exigir el respeto y garantía de sus derechos humanos.

Mientras que México carece de datos estadísticos actualizados y específicos sobre las NAMCD, información desglosada por discapacidad, sexo, rango de edad, tipo de violencia, en caso de haberla vivido, así como el estado en que se encuentran sus derechos sexuales y reproductivos, lo que impide la formulación de políticas públicas focalizadas y eficientes.

La CNDH también advirtió que en el presupuesto federal no se detecta recurso etiquetado de manera específica a programas, políticas públicas y/o acciones que promuevan la prevención, atención, protección, sanción y erradicación de la violencia contra las NAMCD, así como a la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.

“Existencia de prejuicios, estereotipos y la criminalización, especialmente de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, que refuerzan los esquemas de violencia contra las NAMCD, obstaculizando las denuncias”, añade el informe que resaltó las escasas medidas de protección que garanticen la seguridad de las NAMCD que hayan denunciado algún acto de violencia en su contra, así como de acciones de reparación del daño.

La CNDH expresó que persiste la práctica de esterilización forzada para este sector, lo cual sigue siendo una de las principales formas de violencia, a pesar de estar tipificada como delito en el Código Penal Federal. En muchas ocasiones la decisión es tomada por la propia familia argumentando el “bienestar” de ella misma, sin considerar la voluntad y el consentimiento informado.