Como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes cometió ilegalidades al firmar un acuerdo para el registro de armas de las autodefensas, por lo que tiene que ser enjuiciado, exigió Marko Cortés Mendoza. Alfredo Castillo debe responder ante la justicia por todas las ilegalidades, excesos y abusos cometidos en su encargo como comisionado en Michoacán , afirmó el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

Cortés dijo que en diciembre pasado y ante un juez federal, el excomisionado negó haber legitimado la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, hecho que actualmente fue confirmado con documentos oficiales.

A decir del panista, está comprobado que el 27 de enero del 2014 Castillo Cervantes firmó un acuerdo con las autodefensas y el gobierno del Michoacán por el que las autodefensas se obligan a registrar las armas que portan o poseen ante la Secretaría de la Defensa Nacional .

A pesar de que, ante un juez federal, Castillo Cervantes negó, en diciembre pasado, haber legitimado la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, agregó el panista, actualmente se han dado a conocer documentos que confirman que el 27 de enero de 2014 el funcionario firmó un acuerdo con las autodefensas y el gobierno del estado, mediante el cual las autodefensas se obligaban a registrar ante la Sedena las armas que portaban o poseían.

En Acción Nacional estamos convencidos de que nadie debe estar por encima de la ley, mucho menos los servidores públicos encargados de hacer cumplir el marco jurídico. Por esa razón, Alfredo Castillo debe responder ante la justicia por todas las ilegalidades, excesos y abusos cometidos en su encargo como comisionado en Michoacán , expresó Cortés Mendoza.

Medios de comunicación de Michoacán informaron el pasado fin de semana que a pesar de que, ante un juez federal, Castillo negó, en diciembre pasado, haber legitimado la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, actualmente se conocen documentos que confirman que el 27 de enero del 2014 firmó un acuerdo con las autodefensas y el gobierno del estado, mediante el cual las autodefensas se obligaban a registrar las armas que portaban o poseían ante la autoridad correspondiente.

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