Organizaciones defensoras de derechos humanos instan al Poder Legislativo a aprobar una legislación contra la tortura a la altura de los estándares internacionales.

En conferencia de prensa, cerca de 30 organismos de la sociedad civil, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), exhibieron que el 10 de diciembre del 2015, el presidente de la República, sin aviso a las organizaciones, envió al Senado su iniciativa, la cual, además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta ley debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz.

En voz del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el contingente de organizaciones señalan la necesidad de que esta norma refleje el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la tortura, así como eliminar la impunidad endémica sobre la práctica en México.

Asimismo opinan que la Ley Nacional de Ejecución Penal debe incluir contenidos mínimos para la prevención de la tortura.

La tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México.

El coordinador de la CMDPDH, José Antonio Guevara, recordó que entre el 2006 y el 2014, la CNDH recibió alrededor de 100 quejas por tortura y cerca de 4,000 por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otros 4,500 expedientes.

Las organizaciones consideraron que dicha norma debe excluir la prueba ilícita, es decir, la prueba obtenida bajo tortura y tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes.

A su vez, recomiendan establecer el Protocolo de Estambul como un estándar de prueba no exclusivo para identificar si se tienen signos de esta mala práctica.

Finalmente, las ONG sugieren que la ley deberá excluir las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma de eximente de responsabilidades para las personas sentenciadas, imputadas y procesadas.

EL DATO

El presidente del Senado, Roberto Gil (PAN), anunció aires de flexibilidad, sensatez y racionalidad para analizar, debatir y, en su caso, aprobar un modelo de seguridad de largo plazo y que no sólo responda a coyunturas.

Pero ya están claras las posiciones;(...) sí hay disposición y voluntad (de) que ya nos empecemos a poner de acuerdo... , dijo.

Expuso que la pregunta ahora es si las fuerzas políticas están dispuestas a concentrar toda la responsabilidad de la seguridad pública en una sola persona. Desde su perspectiva, nadie en su sano juicio se pronunciaría por ese esquema. (Tania Rosas)

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