Déficit de representación indígena en los Congresos

En México, más de 25 millones de personas se asumen o describen como indígenas en concordancia con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2015, esto es equivalente a alrededor de 21.5% del total de los mexicanos; no obstante, su representación política está garantizada sólo en la Cámara de Diputados a través de 13 de las 500 curules disponibles para las siguientes elecciones federales.

La participación de los pueblos originarios en la vida democrática del país ha sido tomada en cuenta por las autoridades de manera reciente. Fue en el 2005 cuando el otrora Instituto Federal Electoral generó el acuerdo que ordenó una redistritación electoral en el país en la cual se incorporaban variables culturales; derivado de ello en México se crearon 28 distritos indígenas.

El año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) generó tres mesas de diálogo sobre la participación indígena en procesos electorales, en donde líderes de diferentes etnias coincidieron en que se deberían generar cuotas explícitas que garanticen la representación de los pueblos originarios.

El 8 de noviembre del 2017, el Consejo General del órgano electoral nacional autorizó el acuerdo INE/CG508/2017, el cual estipuló que en materia de diputaciones por principio de mayoría relativa, a elegir el próximo 1 de julio, los partidos y coaliciones deberán postular, de manera obligatoria, a personas que se identifiquen como indígenas en al menos 12 de los 28 distritos indígenas; estas candidaturas deberán ser ocupadas en 50% por mujeres y 50% por hombres.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), recibió una impugnación sobre dicha medida y modificó el acuerdo del INE para estipular que tendrían que ser 13 los distritos indígenas en los que forzosamente se deberá postular a alguna persona perteneciente a alguna etnia.

El TEPJF precisó, además, que los 13 distritos deberán ser los de mayor población indígena que de acuerdo con el Tribunal se encuentran, cinco en Chiapas, dos en Yucatán, dos en Oaxaca y uno en Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz.

Además de esto, estipuló que para acreditar una candidatura como indígena no basta sólo la autoidentificación, sino la persona interesada en ocupar dicha postulación deberá demostrar que en algún momento desempeñó algún “cargo tradicional”, o prestó servicio a la comunidad de donde es originario.

En este sentido, cabe destacar que dicho acuerdo sólo es aplicable para el actual proceso electoral.

Para Mónica Maccise, titular de la Unidad Técnica de Igualdad y no Discriminación del INE, la participación indígena en los congresos de los estados, así como el federal y otras posiciones en este mismo nivel, es claramente un “déficit”.

La funcionaria explica, en entrevista, que hay propuestas en la materia, como que se cree una sexta circunscripción electoral, aledaña a las cinco existentes en el país, en donde sólo puedan participar personas identificadas como indígenas para los puestos de dicha circunscripción; no obstante, agrega, este tipo de modificaciones no dependen del INE, sino del propio Legislativo federal.

DESCONOCIDA, SU FUERZA ELECTORAL

A pesar de que no hay registros por parte del INE sobre cuántas personas indígenas o que se autodescriben como indígenas, tienen una credencial de elector, este documento es ampliamente utilizado por los integrantes de los pueblos originarios, afirma la integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Natividad Gutiérrez Chong.

“Casi todos los indígenas, bueno los indígenas en edad de votar, tienen credencial de elector, eso lo tengo yo sistematizado en una investigación y eso derrumba el mito, la creencia de que los indígenas no van a votar porque no tienen credencial de elector”, precisa.

En esta línea, Gutiérrez Chong agrega que el dato cuantitativo no existe por parte del INE; sin embargo, a través de entrevistas se ha dado cuenta de que el documento es ampliamente conocido y utilizado por los pueblos originarios.

Por su parte, la funcionaria del INE, Mónica Maccise, asevera que este instituto no tiene registros sobre cuántas personas indígenas tienen una credencial de elector debido a que por ley no se tiene ese mandato.

“En términos del mandato de Ley no lo tenemos, es algo que sí te digo hemos estado explorando para hacerlo, es algo que toma tiempo, tiene que pasar por la Comisión de Vigilancia en donde están los partidos políticos, no es algo nuevo, es algo que se ha planteado varías veces”, añade.

Asimismo, agrega que el que se generen este tipo de padrones tienen sus argumentos a favor y en contra; en este último rubro indica que la clasificación de la persona podría ser un motivo de discriminación.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, en el país alrededor 15 millones de personas entre los 18 y 64 años se autodescribieron como indígenas, mientras que la población de 65 o más equivalió a un estimado de 1 millón 988,000 personas. Si se suman ambos grupos poblacionales, los ciudadanos en edad de votar el próximo 1 de julio son alrededor de 17 millones.

VISIBILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL OBJETIVO DE MARICHUY

En el último reporte del INE sobre la recolección de firmas por parte de la vocera del Congreso Nacional Indígena y aspirantes independientes a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, logró juntar un total de 266,395 firmas que fueron avaladas por el órgano electoral nacional. Con el plazo concluido y un avance de 32.5%, la representante indígena no logró pasar la primera prueba para aparecer en la boleta presidencial del próximo 1 de julio.

El objetivo era juntar 866,593 firmas repartidas entre 17 entidades del país, equivalente a 1% de la lista nominal hasta el 19 de febrero.

Integrantes del Concejo Indígena de Gobierno han indicado que visibilizar las demandas de las etnias y llamar a la ciudadanía a organizarse será el principal objetivo en adelante.