Han sido casi 100,000 millones de pesos los transferidos por la federación a través de fondos a los estados y municipios del país, para afrontar los retos en materia de seguridad pública en los últimos ocho años. Sin embargo, pocos son los recursos que llegan a las localidades que muestran mayores tasas de violencia.

De hecho, en fechas recientes, la bolsa destinada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) —antes conocido como Subsemun— ha ido a la baja, a la par de que las carpetas de investigación por asesinatos en el país han ido al alza.

Entre el 2012 y el 2015, los recursos otorgados bajo estos fondos fueron en aumento. Y, por ejemplo, de manera simultánea se observa un declive pronunciado en las carpetas de investigación abiertas en las entidades del país por homicidios dolosos.

A partir del 2015, la tendencia se revirtió, mientras los montos de los recursos federales destinados bajo el FASP y el Fortaseg fueron a la baja, las indagatorias por homicidios, delito que actualmente se encuentra entre los más frecuentes del país, comenzaron a incrementarse.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Fortaseg es un subsidio federal otorgado por la Federación a municipios y estados que ejercen funciones de seguridad pública.

El subsidio debe ser ocupado por los gobiernos locales para la capacitación de las policías. Este punto es la principal diferencia con el Subsemun como antes se le denominaba al fondo, destaca la explicación del SESNSP.

Al revisar las asignaciones del Fortaseg, se observa que municipios que han registrado tasas históricamente altas de asesinatos no han recibido recursos provenientes de este fondo dirigido al fortalecimiento de las capacidades de seguridad.

Este es el caso del municipio de Guadalupe, en Chihuahua. Dicha alcaldía, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre el 2008 y el 2017 registró la tasa más alta de asesinatos para un municipio en todo México, con 213.5 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes.

En este municipio fronterizo, asediado por el crimen organizado, se han registrado casos de extrema violencia contra autoridades locales, principalmente asesinatos de policías locales.

Según los criterios de elegibilidad publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el municipio que desee recibir recursos deberá remitir su solicitud al SESNSP. Sólo serán elegibles los municipios o demarcaciones de Ciudad de México con al menos 100,000 habitantes. En el caso de municipios fronterizos, este requisito baja a 50,000. De acuerdo con el Inegi, hasta el 2015, Guadalupe tenía 5,272 habitantes.

Por otra parte, el FASP es un fondo que transfiere recursos públicos a los estados para dar seguimiento a las estrategias de seguridad nacionales.

Este fondo, según indica el secretariado, también debe ser ocupado para el fortalecimiento de corporaciones locales. Los criterios para su distribución pasan por analizar las tasas de delitos como robos y homicidios.

De acuerdo con las mediciones del Inegi, el municipio de Bocoyna, en Chihuahua, se ubicó en undécimo lugar de mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional, con una tasa de homicidios de 107.4 por cada 100,000 habitantes.

En entrevista, el tesorero del municipio de Bocoyna, Daniel Francisco Domínguez López, precisó que la localidad recibe recursos de la federación sólo a través del fondo Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortamun).

Según los lineamientos de operación del Fortamun publicados en el DOF, los recursos se pueden utilizar para crear infraestructura educativa, vial, artística y cultural, entre otras.

Domínguez López reconoció que en Bocoyna, que recibe en promedio 18 millones de pesos anuales del Fortamun, ocupa los recursos para fondear a la policía local.

“Ya ve que otros programas que aplican en estos departamentos de seguridad pública como Fortaseg no tenemos. Nosotros lo utilizamos mucho para lo que son sueldos de seguridad pública (policías) y vialidad. Lo utilizamos también para el alumbrado público y en combustibles también de seguridad pública y vialidad”, dijo.

El funcionario local mencionó que pese a esto aún los recursos que reciben de parte de la federación son acotados.

En julio pasado, el Consejo Nacional de Seguridad Pública avaló que para el 2020 50% del Fortamun sea destinado por los municipios para el fortalecimiento de policías locales.

Observaciones de la ASF

El FASP ha sido evaluado en diversas ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El máximo órgano auditor ha revisado su aplicación en los estados en las cuentas públicas 2007 y 2008, y del 2011 al 2017.

Derivado de dichas auditorías, la ASF mantiene procesos para aclarar o recuperar, en la actualidad, un total de 7,927.1 millones de pesos.

Tan sólo en la última revisión, la del 2017, aún hay 44 observaciones que se encuentran en seguimiento por parte de la ASF, y 250.6 millones de pesos pendientes de aclarar por parte de entidades federativas como Chihuahua y Veracruz, entre otras.

Para el caso de Chihuahua, la ASF emitió diversas Promociones de Responsabilidades Administrativas. Una de ellas, la 2017-B-08000-16-0713-08-003, consistió en solicitar la intervención de la contraloría local, debido a que el reporte sobre el avance en el otorgamiento de los recursos públicos provenientes del FASP para el cuarto trimestre no coincidieron con los registros contables.

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