La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación por la negligencia de las autoridades, falta de supervisión, acciones y omisiones relacionadas con el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen a raíz de los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre de 2017.

El recurso fue dirigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Tlalpan por violaciones graves a derechos humanos, debido al fallecimiento de 26 personas y 23 lesionadas más, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en dicho colegio.  

Tras una investigación, el organismo nacional determinó la existencia de irregularidades en las autorizaciones para que el Colegio Enrique Rébsamen funcionara como escuela, como en su construcción, supervisión y verificación en materia de protección civil; así como por las acciones y omisiones posteriores, consistentes en la falta de coordinación entre autoridades en las labores de búsqueda y rescate y la deficiente comunicación a los familiares de las víctimas.

La CNDH identificó diversos indicios que deberán ser investigados como actos de corrupción, tales como los diversos correos electrónicos respecto de los avances y autorizaciones que la demarcación territorial concedía al colegio para la realización y continuación de las obras en un cuarto piso; anomalías en la autorización de la SEP para que impartiera los niveles de preescolar, primaria y secundaria sin cubrir con la totalidad de los requisitos, como el uso de suelo. Además, se señalan inconsistencias de los programas de Protección Civil para la escuela primaria y la escuela secundaria, ya que no contaba con Programa Interno de Protección Civil desde que inició su funcionamiento, información y evidencias que acreditan la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos por actos y omisiones por personal de Ciudad de México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos agregó que en las investigaciones penales y administrativas se debe considerar toda la cadena de mando dentro de la demarcación territorial Tlalpan en las diferentes fechas que se identificaron en la recomendación, a efecto de identificar a los mandos y servidores públicos, que fungían como responsables en las áreas encargadas de los trámites en las que hubo gestiones, autorizaciones, omisiones y visitas de inspección al colegio, y se investiguen sus posibles responsabilidades.

La CNDH también advirtió que a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le faltó sensibilidad y celeridad en sus gestiones para inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los familiares de los afectados.

Señaló que la coordinación entre autoridades durante la búsqueda de personas tras el derrumbe, no fue la adecuada, porque no hubo claridad en la información proporcionada a los familiares de las víctimas, en la división de tareas de búsqueda y rescate, retiro de escombros y traslado de personas fallecidas. 

“Una de las vertientes de la falta de un adecuado manejo de información fue el asunto mediático de la supuesta niña “Frida Sofía”, quien aparentemente se encontraba con vida entre los escombros del colegio, lo cual derivó del rumor que hizo suyo una autoridad y lo transmitió a los medios de comunicación, lo que ocasionó movilización para llevar a cabo las labores de rescate de la supuesta víctima”, detalló el organismo.

kg