Terroristas y jueces, sin distinción

El presidente Donald Trump no tiene pudor alguno al haber borrado la frontera entre terroristas y jueces internacionales; sus intereses le impiden ser consistente al decir que los europeos “censuran a estadounidenses”, pero en su casa alienta a los dueños de CBS a modificar sus contenidos.

Una de las fuentes de la discrecionalidad son los dogmas, otra, los intereses económicos. Trump apoya a los autócratas digitales para que arrasen el mundo de las normas que protegen, por ejemplo, contra la pederastia digital, del abuso de monopolios o del sorteo de obligaciones fiscales.

“Volaba en el jet privado de Mark (Zuckerberg) el día en que por fin entendió que probablemente Facebook había colocado a Donald Trump en la Casa Blanca y extrajo de ello sus propias conclusiones sombrías”, escribe Sarah Wynn-Williams, la otrora diplomática de Facebook, en su libro Los irresponsables: una historia real de poder, codicia y falso idealismo (editorial Península).

“La mayoría de los días, trabajar en temas políticos para Facebook tenía mucho menos de interpretar capítulos que parecían redactados por Maquiavelo y mucho más de cuidar de una pandilla de chavales de catorce años a los que les habían dado superpoderes”, señala Wynn-Williams.

Washington anunció sanciones en contra del excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, responsable en la pasada legislatura de la ley de servicios digitales, bajo el objetivo de combatir la “maquinaria industrial de la censura global”.

Marco Rubio apoyó la medida porque “durante mucho tiempo, ideólogos europeos han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses y castigar las opiniones de estadounidenses a las que se oponen. La administración Trump ya no tolerará estos actos atroces de censura extraterritorial”.

Además de a Breton, Washington sanciona a destacados investigadores sobre el discurso de odio en las redes: Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, líderes de HateAid, una ONG alemana que señala el discurso de odio de extrema derecha en internet; y a Clare Melford, del Índice Global de Desinformación, con sede en el Reino Unido.

El año que termina pasará a la historia por las sanciones a 10 jueces del Tribunal Penal Internacional. Trump se molestó porque hicieron su trabajo.

Uno de ellos, Nicolás Guillou. “Es un momento difícil, pero no hay que ceder ante las presiones”, dijo a El País el pasado lunes.

Al gobierno de Trump le molesta que los jueces internacionales investiguen posibles crímenes de guerra del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

Terroristas de Hamás no podrán ingresar a Estados Unidos; tampoco lo podrán hacer 10 jueces del Tribunal Penal Internacional.

Pocos lo hubieran imaginado. Estados Unidos ya no logra distinguir la moral de un terrorista con la de un juez internacional; ahora, su política exterior es personalista.