Más allá de Taddei

El reciente escándalo de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) solo fue el detonante que visibilizó una estructura que ya estaba podrida. Durante los últimos años, bajo el discurso oficial de una supuesta austeridad republicana y de una falsa democratización interna, el organismo autónomo fue sufriendo la captura de los espacios clave de decisión, el desplazamiento progresivo de los cuadros del Servicio Profesional Electoral por perfiles afines al poder, la opacidad en el manejo de las licitaciones y la normalización del conflicto de intereses. Taddei no rompió el reloj democrático de México; el mecanismo ya estaba gravemente deteriorado.

Lo más revelador de esta crisis institucional no es la red de contratos tramposos o las irregularidades administrativas detectadas, sino la reacción cínica del oficialismo. Mientras el deterioro del instituto ocurrió en silencio y sirvió para inclinar la balanza, retrasar investigaciones o suavizar las sanciones contra el partido gobernante, al gobierno y su partido no les importó lo que sucedía. 

El problema adquirió relevancia cuando las investigaciones periodísticas exhibieron la trama ante la opinión pública. Fue hasta ese momento que desde Palacio Nacional y las bancadas oficialistas se activó el manual de control de daños: intentar deslindarse de quien ellos mismos impulsaron al cargo mediante una tómbola amañada en 2023, minimizar la gravedad del escándalo en las conferencias matutinas y, sobre todo, lanzar una cortina de humo para culpar a las administraciones anteriores —particularmente a la gestión de Lorenzo Córdova— de haber instaurado supuestos vicios y monopolios en la contratación de insumos electorales.

El problema de fondo no se arregla con nombrar a una nueva consejera presidenta. Cambiar la cabeza sin sanear los órganos internos de control ni devolverle autonomía técnica al consejo general es apenas un maquillaje. La percepción ciudadana sobre este desgaste quedó plasmada en una encuesta publicada por el diario El Universal, la cual revela el profundo descrédito en el que ha caído el árbitro electoral. De acuerdo con dicho sondeo, casi ocho de cada diez ciudadanos perciben corrupción en el manejo de sus recursos y cerca de siete de cada diez consideran que responde a los intereses del Ejecutivo.

En este escenario, la presidenta Sheinbaum ha optado por una estrategia de confrontación, acusando a la oposición de querer que fracase la elección intermedia de 2027, cuando en realidad los hechos demuestran que es ella misma quien busca sabotear el proceso. La prueba más contundente de esta intención es el tremendo recorte presupuestal aplicado al gasto operativo del INE por 6 mil millones de pesos. Resulta irresponsable mutilar de esa manera el presupuesto destinado a organizar las elecciones, mientras se mantiene intacto el multimillonario financiamiento de los partidos políticos.

¿Y por qué querría la presidenta que fracasen las elecciones de 2027? La respuesta es estratégica: un proceso electoral desaseado, con fallas logísticas, casillas insuficientes y un árbitro desacreditado sería la coartada perfecta para impulsar su propia reforma electoral. Bajo el pretexto de «abaratar» los comicios y hacerlos «más confiables» ante el supuesto fracaso del modelo actual, el oficialismo buscaría legitimar la demolición definitiva del sistema electoral construido durante décadas.

De hecho, la mandataria ya ha tenido el buen gusto de adelantarnos los ejes centrales por donde caminaría su reforma electoral, los cuales dibujan un regreso al autoritarismo de partido hegemónico:

Ante este sombrío panorama institucional, y a pesar de la certeza de que nos dirigimos hacia una elección inequitativa y amañada en 2027, la peor respuesta ciudadana sería el abstencionismo. Renunciar a las urnas equivale a entregar el país sin resistencia y convalidar la narrativa del oficialismo; por ello, hoy más que nunca, hay que salir a votar masivamente para comenzar a recuperar la democracia.