La diplomacia del desprecio

En esta semana hubo dos noticias que trascienden la coyuntura: la primera fue la presentación del caso México que hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ante la Asamblea General y, la segunda, la expulsión de la representación mexicana del Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados (UIM). Ambas cosas son resultado directo de años de desprecio real del Estado Mexicano y los partidos políticos por los derechos humanos y la justicia. 

La primera noticia se ha desarrollado de manera alucinante. El gobierno mexicano no solo ha mentido, sino que ha manipulado la información. Me parece necesario reiterar que la crisis de desaparición de personas en México se mantiene como la herida abierta más profunda y alarmante de nuestro país. 

A pesar de la narrativa del gobierno, los registros oficiales arrojan una cifra que supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas. Ante la magnitud de esta tragedia y la alarmante impunidad acumulada, los mecanismos de supervisión internacional se han visto forzados a escalar sus niveles de intervención. Desde abril pasado, el CED avisó que, dados los hallazgos y las reiteradas denuncias, apelaría al Artículo 34 y presentaría a la Asamblea General de la ONU esta situación. Entonces, comenzaron los ataques por parte del gobierno mexicano. 

Finalmente, en este mes de octubre, el CED activó por primera vez el Artículo 34 de su Convención para remitir de forma urgente la situación de México a la Asamblea General. Juan Pablo Albán, presidente del comité, expuso indicios de que las desapariciones en el país podrían constituir crímenes de lesa humanidad debido a la crisis forense, la alta impunidad y la participación o aquiescencia de servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

En respuesta, el subsecretario Arturo Medina rechazó la interpretación y la aplicación de dicho artículo por parte del Comité, defendiendo las cifras de localización del gobierno y argumentando que no existe una política de Estado represora. No fue esto de lo que se acusó al Estado mexicano, sino de incapacidad para frenar las desapariciones e identificar los más de 70 mil restos humanos que existen en las morgues del país. El término aquiescencia cobra un significado especial en este contexto. Literalmente significa consentimiento. Esto es, el Estado mexicano, al no impedir las desapariciones forzadas y no castigarlas está, de hecho, dando su consentimiento. Por cierto, el tema no alcanzó para que fuera un secretario de Estado, el de Relaciones o Gobernación, sino solo un subsecretario. Esa es la importancia real que le da Sheinbaum.

Lo peor vino después. Gracias a una pregunta sembrada, la presidenta afirmó, en su conferencia matutina, que el organismo internacional había pasado de la crítica a la "felicitación" por el trabajo realizado. Ni remotamente sucedió eso. En el documento del CED se dice que ha habido avances y esfuerzos, pero lo esencial es que el Estado ha fracasado durante los tres sexenios pasados y el presente en la tarea de proteger a las personas. 

En respuesta a los dichos de la mandataria, el titular de la CED, Juan Pablo Albán, aclaró públicamente que, para evitar tergiversaciones, aún faltan por localizar más de 120 mil personas. La tragedia sigue ahí y continúa aumentando.

El segundo tema merecía una más amplia difusión. El Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó formalmente a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), organización que ejercía la representación de los juzgadores de México ante dicho organismo internacional. 

El motivo de la expulsión fue que la CONATRIB apoyó la reforma judicial mexicana basada en la elección masiva y popular de juzgadores. Esto contradice los principios globales de la carrera judicial, la inamovilidad y los criterios objetivos de designación basados estrictamente en el mérito. Además, afecta la apoliticidad e independencia que estatutariamente deben cumplir todas las agrupaciones miembros de la organización.

La votación, de carácter secreto, arrojó una abrumadora mayoría para sancionar a la representación mexicana: 53 votos a favor de la exclusión, 13 en contra y 4 abstenciones. Al alcanzar cerca del 80% de los sufragios, se superó el umbral reglamentario de dos tercios requerido para tal efecto. Es la primera vez en la historia de la organización (fundada en Austria en 1953) que se decreta una expulsión de esta índole.

Mientras la CONATRIB defendía la reforma judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) celebró la sanción. Declaró que la medida de la comunidad internacional evidencia "la gravedad de haber entregado los principios de autonomía judicial" al poder político y confirma que el modelo de elección popular vulnera la esencia jurisdiccional.

Dos eventos internacionales de diferente alcance, pero una misma indiferencia gubernamental.