Presupuesto 2027: el persistente riesgo de insostenibilidad fiscal

Los gobiernos de Morena han debilitado las finanzas públicas y se requiere un ajuste significativo para lograr sostenibilidad. Sin embargo, con el diseño presupuestal hacia 2027 será difícil avanzar de manera convincente en esa dirección.

La deuda pública prácticamente se ha duplicado desde 2019. Su cifra oficial se ubica en 55% del PIB; no obstante, el Fondo Monetario Internacional calcula que la deuda bruta supera el 62%, un nivel por encima del umbral considerado riesgoso para economías emergentes como México.

La relación entre el costo financiero de la deuda y los ingresos fiscales es otro claro indicio de vulnerabilidad. Según datos del Banco Mundial, en México esta proporción alcanza 20%, detrás de Brasil e India y comparable con la de Estados Unidos —que no es una referencia aplicable por emitir la moneda de reserva global—. El dato mexicano supera con creces el promedio de América Latina (13%), la Unión Europea (3%) y el mundo (7%).

Aunque es complejo determinar el nivel exacto de deuda sostenible para un país, una regla fundamental cuando ya es alta es evitar que crezca como proporción del PIB, lo que requiere un crecimiento económico robusto que hoy México no tiene. Mientras la estimación oficial ubica el crecimiento para 2027 en 2.4%, los analistas prevén apenas 1.8%. Bajo este escenario y considerando las métricas de deuda, el déficit fiscal tendría que reducirse a entre 1% y 1.4% del PIB para congelar la razón deuda/PIB.

Dado que la estimación oficial del déficit ampliado para 2026 ronda el 4.1% del PIB, el ajuste requerido sería de entre 2.6 y 3 puntos porcentuales (pp) del PIB. Un esfuerzo enorme e inviable ante la falta de espacio fiscal.

Entre 2018 y 2025, los ingresos del erario subieron 2.1 pp impulsados por la recaudación tributaria. Pero el gasto creció al doble: 4.1 pp, absorbido por jubilaciones (1.3 pp), costo financiero (1.2 pp), subsidios y participaciones. Por función, la protección social (programas sociales) aumentó 2.5 pp, el apoyo energético 0.6 pp (Pemex), Salud 0.4 pp, mientras que otras áreas críticas como Educación y Seguridad permanecen estancadas. La inversión pública cayó a su nivel más bajo en 20 años.

Sin una reforma tributaria de fondo, los ingresos no aumentarán sustancialmente. Tampoco bastarán medidas inerciales o distorsionantes, como subir aranceles o gravar alimentos con alto contenido de sodio. Una reforma sólida implicaría incorporar al sector informal y a prestadores de servicios que evaden, lo que exige voluntad política y años para dar frutos.

Por el lado del gasto, el costo financiero no cederá mucho, y las pensiones crecerán de forma inercial. Tampoco habrá disposición para recortar los programas sociales —cimiento político del régimen— ni espacio razonable para reducir Salud, Educación o infraestructura. Además, Pemex requerirá rescates recurrentes por unos 200,000 millones de pesos.

En suma, la presión sobre la deuda no cederá en 2027. Aunque las finanzas públicas logren "aguantar" el ejercicio fiscal, sin un viraje estructural el país se aproximará peligrosamente a una crisis fiscal.