La ignorancia juzgando a la excelencia

La semana pasada se difundieron muchas críticas en contra de la sentencia que aprobó por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó la constitucionalidad del Acuerdo 10/09/2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que redujo drásticamente los requisitos de asistencia y capacidad que los alumnos deben cumplir para subir de grado en la educación preescolar, primaria y secundaria.

En tan solo dieciocho páginas, la ministra Lenia Batres determinó, con base en afirmaciones abstractas y retóricas, que no le asiste la razón al colegio “El Roble”, pues la excelencia académica que éste buscaba defender en el amparo en revisión 419/2025, no reside “en elementos como registros de asistencia o índices aprobatorios de asignaturas, sino en que se califique al alumnado de forma integral”. Luego, la ministra presumió en su sitio personal de Internet, que su sentencia se basó en que el desarrollo formativo busca favorecer la permanencia de los niños en las escuelas, y no evaluarlos exclusivamente con criterios numéricos.

Es casi irónico que la estrategia para promover la permanencia de los alumnos en las escuelas, se base en la eliminación del requisito mínimo de asistencia. Además, el supuesto propósito de la sentencia perdió toda legitimidad cuando el Secretario de Educación, Mario Delgado, anunció el mismo día en que la Corte sesionó el amparo, que el calendario escolar concluiría alrededor de 40 días antes de lo previsto, como consecuencia de las olas de calor, y para resolver los problemas de movilidad y saturación previstos por el Mundial. Aunque Delgado tuvo que retractarse de la medida, nos dejó claro que la permanencia de los niños en las escuelas definitivamente no es la prioridad del gobierno actual.

Los antecedentes son simples. El Colegio El Roble, S.C. presentó un de amparo en contra del Acuerdo 10/09/23 de la SEP, argumentando que éste implicaba la adopción de medidas regresivas, contrarias a la búsqueda de la excelencia y la erradicación de la ignorancia, pues sus disposiciones generaban un efecto laxo en los sistemas de evaluación de alumnos. En la primera instancia, la SEP ni siquiera tuvo la cortesía de presentar un informe justificado. Parece que la reforma judicial le dio tanta seguridad a Morena, que no consideró necesario defender el contenido del acuerdo. A pesar de ello, el juzgado declaró que el amparo era infundado.

Cuando el colegio interpuso un recurso de revisión, el tribunal que lo recibió solicitó a la Corte que atrajera el expediente. En la SCJN, el asunto se turnó a la ministra Lenia Batres. Imagino la frustración que debió sentir el equipo legal del colegio El Roble cuando su amparo, cuyo argumento central se basa en erradicar la ignorancia, fue turnado a una ministra cuya incapacidad técnica ha sido tan notoria, que le valió el apodo público de “Ministra Burra”. Casi me atrevo a decir que se podía haber planteado un impedimento por conflicto de interés. Una ministra que exhibe constantemente su falta de técnica jurídica, y que reacciona con enojo y autoritarismo cuando se la hacen notar, sin duda iba a defender a la ignorancia por encima de la excelencia académica.

La litis planteada era un lienzo perfecto para que la ministra desahogara toda su frustración. Como era de esperarse, el proyecto de sentencia aprobado por la SCJN deja mucho que desear. En ningún momento se hace un análisis sustantivo de los argumentos planteados por la quejosa; mucho menos una ponderación entre los supuestos objetivos que la ministra buscaba proteger y el impacto negativo de la nueva regulación. No hay un contraste entre la política previa y la actual, ni un estudio de abandono escolar o de su supuesta relación causal con la disciplina escolar. La ministra sólo insistió en que los estudiantes no se deben evaluar numéricamente, sin explicaciones o sustento cuantitativo. Esta decisión es lamentable para la infancia mexicana, pues su efecto es la disminución de la calidad y excelencia educativas, que a largo plazo derivará en una falta de competitividad laboral.