Estados Unidos: el costo antiinmigrante

Las políticas de Trump en contra de los inmigrantes están teniendo consecuencias más allá de las deportaciones, seguridad fronteriza o control de la inmigración: sus efectos se están resintiendo en las escuelas. En efecto, se ha dado una disminución de la matrícula en muchos distritos educativos. Esa disminución se origina por la presión migratoria que se ha traducido en que familias de inmigrantes, particularmente aquellas que temen ser detenidas o deportadas, optan por retirar a sus hijos de las escuelas o mudarse a otro Estado donde perciben menores riesgos. Otros alumnos se han visto forzados a dejar la escuela y trabajar después de que un miembro de la familia fue deportado. De prolongarse la ausencia de estudiantes migrantes de las escuelas, su futuro educativo y profesional se verá coartado, haciendo que cada vez más trabajadores queden atrapados en el segmento de salarios bajos.

Uno de los impactos más relevantes que acarrea dicha disminución es el financiero. En buena parte del sistema educativo estadounidense, los recursos públicos están vinculados al número de estudiantes inscritos. Cuando hay menos alumnos por deserción y/o menores admisiones, también disminuyen los ingresos estatales que reciben los distritos escolares. Si la reducción de la matrícula se prolonga, las escuelas enfrentarán un problema particularmente difícil, pues deben mantener edificios e instalaciones, maestros y servicios y gastos administrativos. Cuando el déficit se vuelve insostenible, los distritos tienen pocas alternativas: congelar contrataciones, eliminar programas, aumentar el tamaño de los grupos o cerrar planteles.

Pero la problemática no es exclusivamente presupuestal. Una caída abrupta de la matrícula puede afectar programas deportivos, artísticos y de educación especial, además de reducir la oferta de materias y servicios extracurriculares. En comunidades pequeñas, el cierre de una escuela puede convertirse incluso en un problema social: el plantel suele ser uno de los principales centros de convivencia de la localidad.

Texas ofrece un caso ilustrativo, sobre todo por ser un estado fronterizo. Durante años, el crecimiento de su población —impulsado en buena medida por la inmigración— contribuyó a aumentar la matrícula escolar. Pero ahora enfrenta una contracción por el endurecimiento de las leyes federales migratorias. De acuerdo con un reportaje reciente del diario Houston Chronicle, los distritos escolares en el área de Houston han perdido 1 de cada 5 estudiantes inmigrantes desde el año pasado. La paradoja es considerable. La política migratoria pretende reducir la presencia de inmigrantes, pero también puede generar costos económicos para las comunidades que los pierden. Una familia que abandona una ciudad no solo deja un pupitre vacío. También desaparecen consumo, renta de vivienda, actividad comercial y, en el caso de los trabajadores, producción e impuestos.

El debate político en Estados Unidos no se ha cuestionado cuánto cuesta realmente una política migratoria restrictiva. El costo no se limita a construir más infraestructura fronteriza, contratar más agentes de ICE o procesar deportaciones. Hay que sumar el costo del menor financiamiento estatal de los distritos educativos. ¿Podría ser un tema a debate en las próximas elecciones intermedias?