El desastre del desastre

Los gobiernos no solo hacen política: administran, operan y previenen. En un país tan expuesto a desastres naturales como México, la prevención no debería ser un tema administrativo, sino una política de Estado. Las lluvias recientes en Veracruz y Tabasco, las inundaciones en Guerrero y los huracanes cada vez más intensos en el Pacífico y el Caribe, exhiben una realidad incómoda: México desmanteló, por decisiones políticas, su arquitectura de protección financiera justo cuando más la necesita.

Durante dos décadas, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue considerado un modelo internacional. Combinaba reservas presupuestales con seguros y bonos catastróficos, instrumentos que permitían liquidez inmediata tras un sismo o huracán, y colocaba a México junto a países líderes como Chile o Costa Rica. Cuando el huracán Patricia golpeó en 2015 o el sismo de 2017 devastó Oaxaca y Puebla, el FONDEN activó pagos en cuestión de días. Era un sistema técnico, con reglas claras y supervisión.

En 2020, bajo el argumento de eliminar fideicomisos, el FONDEN desapareció. Desde entonces, los recursos para emergencias dependen de decisiones anuales, discrecionales y lentas de un gobierno que, de por sí, no tiene recursos. El costo es evidente: comunidades que esperan semanas por ayuda, gobiernos estatales sin certidumbre financiera y una Federación que improvisa con transferencias extraordinarias en lugar de usar instrumentos preacordados de cobertura.

Otros países aprendieron lo contrario. Chile mantiene códigos de construcción sísmica estrictos y un sistema de prevención permanente que ha salvado miles de vidas. Perú implementó un presupuesto por resultados que liga el gasto a metas concretas de reducción de riesgo, aunque aún enfrenta retos de ejecución. Costa Rica tiene un Fondo Nacional de Emergencias con reglas claras de activación, y Colombia y los países de la Alianza del Pacífico operan bonos catastróficos con apoyo del Banco Mundial. Todos reconocen que cada dólar invertido en prevención ahorra entre cuatro y siete en reconstrucción.

En Europa y Estados Unidos, la prevención no se improvisa. La Unión Europea opera el Mecanismo de Protección Civil y un Fondo de Solidaridad que financia la reconstrucción con criterios técnicos, no políticos. Cada país debe integrar la gestión del riesgo en su planeación territorial y presupuestaria. En Estados Unidos, la FEMA combina fondos federales con seguros privados y exige que cada estado mantenga planes actualizados de mitigación. Tras cada desastre, no solo se reconstruye infraestructura: se reconstruye mejor, con estándares más altos y evaluaciones públicas del gasto.

En México, el vacío institucional deja a los estados expuestos. Veracruz o Guerrero no pueden asumir por sí solos el costo de la reconstrucción sin comprometer otros servicios esenciales. Y depender de la reasignación presupuestal es, en la práctica, apostar a la suerte. El cambio climático no espera a que el Congreso apruebe un presupuesto ni distingue colores partidistas.

La ineptitud de algunas gobernadoras y gobernadores han salido a la luz con estas tragedias. La prevención no da votos inmediatos, pero evita tragedias futuras. Reinstaurar un sistema de protección financiera contra desastres es sensatez fiscal.

Gobernar también significa anticipar, no solo reaccionar.

Mientras tanto, seguiremos viendo el desastre del manejo del desastre.