La Cultura de la Paz, Otra Reforma Judicial

“Donde no hay justicia, no hay libertad." Proverbio

La Constitución mexicana de 1824 sentó las bases del gobierno independiente, estableció la división de poderes y creó formalmente el Poder Judicial de la Federación con una Suprema Corte integrada por once ministros distribuidos en tres salas, además de tribunales de circuito y juzgados de distrito.

Desde entonces hemos transitado por diversas reformas judiciales que, salvo la controvertida reforma de 2024, buscaron fortalecer la división de poderes y consolidar la Suprema Corte.

1. Constitución de 1857: La Corte Suprema de Justicia se conformó por quince ministros que podían sesionar en tribunal pleno o en salas. Previó tribunales de circuito y de distrito. Los ministros eran electos por las legislaturas locales y sus cargos tenían carácter vitalicio.

2. Constitución de 1917: Aunque mantuvo la estructura del Poder Judicial, dispuso que la Suprema Corte se integrara por once ministros y funcionara siempre en pleno. Los ministros durarían seis años en el cargo y serían electos de manera indirecta. La limitada capacidad de respuesta generó un rezago de expedientes, lo que llevó a aumentar el número de ministros hasta veintiséis.

3. Reforma de 1988: Introdujo cambios sustanciales en la Ley de Amparo y facultó a la Suprema Corte para reestructurar competencias de los tribunales con el objetivo de agilizar la justicia constitucional ante un creciente rezago.

4. Reforma de 1994: Transformó la Suprema Corte para consolidarla como tribunal constitucional. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal, encargado del gobierno y administración del Poder Judicial -excepto de la Suprema Corte- separando así las funciones no jurisdiccionales de la Corte.

5. Reforma de 2024: Producto de una iniciativa presidencial apresurada y aprobada gracias a la cuestionada sobrerrepresentación oficialista, modificó 27 artículos constitucionales que contienen cambios importantes, no para mejorar, en el sistema de impartición de justicia federal y estatal. Entre esos cambios destacan:

• Elección popular de ministros, magistrados y jueces.
• Integración de la Suprema Corte por nueve, en vez de once ministros con una presidencia rotatoria bianual.
• El periodo del encargo se redujo a 12 años.
• Se eliminaron las dos salas.
• Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y de los consejos locales por órganos administrativos y disciplinarios independientes.

En junio de 2025 se realizó el proceso electoral desaseado y ampliamente cuestionado, con una participación ciudadana de apenas el 13%, para elegir juzgadores e integrantes de los órganos de administración judicial. Elecciones manipuladas mediante con “acordeones”, lo que minó su endeble legitimidad.

6. Contrarreforma de 2026: El 19 de mayo, la Presidenta presentó una iniciativa para modificar 7 de los 27 artículos reformados en 2024. Así, el oficialismo reconoce algunos de los defectos, la ineficacia y el desprestigio que han vulnerado el derecho a una justicia pronta y expedita. La propuesta busca retrasar la elección de magistrados y jueces hasta 2028, mejorar la selección de candidatos, reducir el número de postulaciones y restaurar las salas de la Suprema Corte bajo la denominación de “secciones”. Sin embargo, como la reforma anterior, contiene disposiciones contradictorias. El proceso seguirá siendo cuestionable: los aspirantes serán personajes desconocidos para la ciudadanía y persiste el riesgo de prácticas irregulares, como el uso de “acordeones” y la intervención del narcotráfico.

Esta contrarreforma dista de privilegiar la carrera judicial y la experiencia de los aspirantes a juzgadores. Además, las propuestas de la Mandataria podrían no ser aprobadas en sus términos, como ya ocurrió con sus iniciativas contra el nepotismo electoral y la reforma electoral.

Conclusiones

Las instituciones y el Estado de derecho se diluyen con una Suprema Corte subordinada al Ejecutivo, producto de una reforma judicial tramposa. Situación que genera incertidumbre jurídica, frena la inversión que el país necesita con urgencia y afecta las calificaciones crediticias.

México es testigo de una serie de eventos que reflejan tensiones políticas y sociales, la defensa de personajes del partido oficial sobre el país y una creciente inseguridad pública que marcan el pulso nacional y erosionan la cultura de la paz.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

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