Adiós, casillas espejo

La renovación escalonada del Poder Judicial, iniciada en las elecciones extraordinarias del año pasado, debe ser pospuesta por una “incompatibilidad estructural” que haría inviable garantizar condiciones óptimas para los comicios concurrentes del 2027, si prevaleciera.

Ambos procesos (la segunda parte de la elección de jueces y magistrados, con la renovación de la Cámara de Diputados, además de elecciones constitucionales en 17 estados de la República) habrían sido concurrentes pero el Ejecutivo federal atendió las observaciones de las autoridades electorales y los expertos en derecho electoral para finalmente conceder que técnica, jurídica y operativamente son incompatibles.

Son dos modelos electorales con lógicas de operación diferenciadas, cuya operación simultánea en un mismo espacio físico, con el mismo funcionariado y bajo una sola estructura administrativa, genera demasiados problemas que no admitirían soluciones intermedias.

El INE diseñó un modelo consistente en instalar dos casillas físicamente diferenciadas en el mismo recinto o en lugares contiguos, denominado “casilla espejo” a la destinada al proceso judicial. Dicho modelo es jurídicamente viable, pero operativamente insostenible a escala nacional y constituye la razón técnica central que sustenta la propuesta de ajustar la reforma judicial.

Y es que a escala nacional, la adopción del modelo de casilla espejo supone duplicar íntegramente la operación electoral del país, con 353,482 casillas distribuidas en más de 82,000 domicilios. Por lo que deberían reclutar, seleccionar capacitar y coordinar tres millones 181,338 funcionarios de mesa directiva de casilla, el doble de lo habitual, así como conformar dos cuerpos diferenciado de 103,428 capacitadores-asistentes y supervisores electorales.

La iniciativa presentada por la presidenta propone modificar la temporalidad de dos procesos electorales de distinta naturaleza. La segunda elección judicial federal pasaría al 2028 y –lo más interesante— la revocación de mandato podría efectuarse de manera concurrente con las elecciones ordinarias.

En el caso de la elección judicial, la propuesta surge de una incompatibilidad estructural entre dos regímenes electorales que no pueden operar simultáneamente bajo las mismas condiciones sin comprometer garantías esenciales de organización, vigilancia y funcionamiento del proceso.

En tiempos de la austeridad republicana, la concurrencia de la revocación de mandato con las elecciones ordinarias resulta más que pertinente, pues busca aprovechar la infraestructura electoral ya desplegada para ampliar la participación ciudadana y reducir costos operativos sin generar tensiones normativas equivalentes.

En los intentos anteriores, uno de los argumentos más reiterados por el oficialismo versaba sobre la necesidad de reducir el presupuesto destinado a los partidos políticas y las autoridades electorales.

Los promotores del periodo extraordinario de sesiones ahora sostienen que el debate no puede reducirse únicamente al tema presupuestal o de mera conveniencia administrativa.

“Lo que se encuentra en juego es la capacidad del sistema electoral para garantizar condiciones efectivas de participación, accesibilidad y representatividad democrática”, justificó la dirigencia morenista al socializar los motivos de la propuesta presidencial. “La organización electoral constituye el conjunto de condiciones materiales y jurídicas que permiten que la voluntad ciudadana se exprese de manera libre y eficaz, cuando el diseño institucional dificulta es expresión, la afectación no es operativa si no democrática”.