Hay que leer muy poco para saber que la CFE no es una persona moral sin fines de lucro. La aclaración está en la página 2 de su propia ley. La CFE es una “empresa productiva del Estado” que tiene como fin “el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario”. Dentro del mismo artículo se consigna que “garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia”.

Así que sólo poniendo a la ley de cabeza se puede argumentar que CFE merece trato preferente por ser una empresa “sin fines de lucro”, como el presidente López Obrador sostiene. Pero es entendible que separar a una empresa así de sus resultados financieros pueda sonar liberador. Al final del día, como el propio artículo 4 le exige, la CFE debe “actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental”. Para el presidente, es esa la dimensión social que debe enfatizarse.

Repasemos estos resultados. En honestidad y transparencia, la CFE no ha podido refutarle al IMCO la investigación que muestra cómo distorsiona sus estados financieros. Este mismo año tuvo que reconocer, aunque sin consecuencias, que su equipo directivo presentó un oficio falsificado a la opinión pública. Quizás esto no haya tenido fines de lucro económico. ¿Pero en qué momento se transforma en superioridad moral para discriminar a las empresas tradicionales?

En responsabilidad ambiental y social, los resultados de la CFE están profundamente diferenciados. Pero no en un sentido positivo. Con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, hoy suspendida por la justicia mexicana, la CFE podría convertirse en la primera compañía en el mundo que empeora sensiblemente el perfil de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero de todo un país al incrementar su participación de mercado de tajo. Por su dimensión social, ¿podríamos inferir que la CFE va a renunciar a la posibilidad de ganar participación de mercado despachando centrales de carbón, diésel y combustóleo?

Para ser justos, es importante reconocer que la productividad que la ley le exige a la CFE efectivamente es limitada. El propio artículo 4 inmediatamente matiza que debe procurar “minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional”. Pero la CFE ha hecho todo lo posible para evitar que el criterio de despacho de electricidad sea el menor costo. ¿Podría ser más obvio que la propia CFE domina que despachar sus plantas es más caro?

Desafortunadamente, los resultados de la CFE no mejorarían aún si la ley limitara su objeto a garantizar la seguridad energética, sin importar su costo económico social, ambiental. Con plantas de generación en operación por más de 100 años, los índices de indisponibilidad de la CFE son absurdamente altos. Y, en casi tres años, no ha podido ampliar la red de infraestructura de transmisión ni la de distribución en prácticamente ni un kilómetro. Esta es la principal causa de los “apagones retro”, como Gabriel Zaíd acuñó ayer.

Desafortunadamente, no hay mucho rescatable. Lo honesto sería reconocer que la CFE, a pesar de su objeto, destruye valor más allá de lo económico. Sus pérdidas no la hacen virtuosa. De cara a sus resultados no financieros, de hecho, su “dimensión social” solo hace de su fracaso uno multidimensional. Pero nada de esto quita que sea un instrumento motivado por el lucro: económico por ley y político por mandato presidencial.

@pzarater

Pablo Zárate

Consultor

Más allá de Cantarell

Lee más de este autor