Procedimientos claros, transparencia, supervisión y rendición de cuentas en la gestión de deuda soberana son recomendables. Los ciudadanos merecen estar informados de los pasos que dan sus respectivos países cuando toman créditos internacionales y deben ser conscientes de las obligaciones y responsabilidades que implica

LONDRES – El colapso de la actividad económica durante la pandemia por el Covid-19 aumentó significativamente el riesgo de problemas de deuda en muchos países y empujó hacia el límite a los más pobres. La reacción de varias organizaciones internacionales fue revelar diversas iniciativas para evitar situaciones que obliguen a elegir entre la respuesta adecuada a la crisis sanitaria y el servicio de la deuda existente.

La más destacable es que el G-20 estableció una Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por su sigla en inglés), que permite a los países más pobres del mundo suspender los pagos de los servicios de la deuda bilateral oficial hasta el año próximo. Y este mes, los líderes del G-20 adoptaron un nuevo marco de trabajo común para lidiar con las necesidades de reestructuración de la deuda soberana en forma individual para cada caso.

En el caso de los países pobres en dificultades por la pandemia, la deuda no sólo limita su margen de maniobra fiscal para responder a la crisis, sino que además impide su desarrollo futuro. Frente a los costos inesperados causados por la crisis del Covid-19, muchos países que ya tienen dificultades para cubrir los servicios de la deuda existente debieron solicitar financiamiento adicional y se encontraron con que les es excesivamente difícil u oneroso, obtenerlo. Incluso si logran acceder a él, la carga adicional de la deuda constituirá un obstáculo que limitará sus perspectivas de crecimiento y desarrollo durante años.

Lejos de afectar a unos pocos países desafortunados en la periferia, los actuales problemas de la deuda soberana constituyen un posible riesgo sistémico. Desde el 2014 la participación de la deuda soberana total en el PIB no sólo aumentó sustancialmente, además se fragmentó debido al uso de instrumentos de deuda más diversos frente a una gama más amplia de acreedores.

Dadas estas circunstancias, hay que ampliar urgentemente la red de seguridad financiera mundial más allá del apoyo ofrecido actualmente por las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A tal efecto, la DSSI dio el primer paso con la suspensión de los pagos de capital e intereses de la deuda que vencen entre el 1 de mayo de 2020 y el 30 de junio de 2021 (inicialmente era hasta el 31 de diciembre de 2020, pero se extendió el plazo), ampliando así la red de seguridad al menos para 77 países en vías de desarrollo.

Pero aunque la DSSI ofrece un cierto respiro, no hace más que patear la pelota del pago de la deuda hacia adelante y posponer hasta 2022-24 su pago completo. Los países deudores tendrán entonces que compensar la diferencia con pagos mayores y es posible que hasta deban endeudarse más para pagar los servicios de la deuda congelada, además de la deuda adicional que hayan asumido durante la crisis del Covid-19. Los 46 países que solicitaron la suspensión de la deuda hasta el momento tendrán eventualmente que cubrir 5,300 millones de dólares por pagos pospuestos, además de los 71,540 millones de dólares por compromisos preexistentes. Toda la deuda adicional contraída desde el brote del Covid-19 se sumará a esa carga.

Aunque la última iniciativa del G-20 para la deuda se queda corta en muchos aspectos (especialmente en lo que se refiere a solucionar las asimetrías entre deudores y acreedores), al menos pone de lleno en la agenda internacional un marco de trabajo común para las quitas. La nueva iniciativa tiene dos méritos claros. En primer lugar, como permite un enfoque personalizado, tiene en cuenta una preocupación específica planteada por los acreedores del sector privado, un grupo clave que no fue incluido en la DSSI.

En segundo lugar, el nuevo marco de trabajo incluye a China, después de superar cierta resistencia inicial debida a la definición de banco de propiedad estatal (que generó preocupación por la posibilidad de que el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China quedaran expuestos a la reestructuración de la deuda). Debido a que China es acreedora de aproximadamente el 63% de la deuda total que se debe a los estados miembros del G-20, su participación es fundamental para que la iniciativa tenga éxito.

Este marco de trabajo común es un paso importante en la dirección correcta. Pero el G-20 no puede detenerse ahí, debe ampliar la iniciativa hasta lograr un esquema común para la reestructuración de la deuda soberana. La deuda soberana es el único tipo de deuda que carece de un mecanismo de quiebra; aunque las personas y las empresas pueden declararse en quiebra, los países no pueden hacerlo.

Hasta el momento, la comunidad internacional utilizó un enfoque contractual para evitar y solucionar los problemas de la deuda soberana, pero este método suele implicar profundas asimetrías en el trato a los deudores y acreedores, y da como resultado una distribución injusta de las pérdidas entre los distintos tipos de acreedores. Necesitamos una agencia multilateral con la función específica de coordinar a los acreedores, compartir información y reducir el alcance del arbitraje de información.

Además, el nuevo marco de trabajo debe brindar ayuda a los países deudores durante el proceso de reestructuración. Por ejemplo, como ya lo sugirió el FMI, el G-20 debería asignar a las instituciones financieras internacionales la tarea de proporcionar financiamiento limitado para brindar a los deudores cierto margen de negociación que les permita lograr un acuerdo sostenible de reestructuración de la deuda.

Para integrar todo eso, el G-20 debiera aprovechar sus Lineamientos Operativos para el Financiamiento Sostenible (Operational Guidelines for Sustainable Financing) para fomentar los préstamos y el endeudamiento responsables junto con una reestructuración ordenada y multilateral de la deuda. También debería fomentar la transparencia de la deuda y proporcionar la asistencia técnica necesaria para que los países puedan fortalecer su capacidad para gestionar la deuda antes de llegar a situaciones problemáticas.

Los procedimientos claros, la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas para la gestión de la deuda soberana son bienes públicos de gran alcance. Todos los ciudadanos merecen estar completamente informados sobre los pasos que dan sus respectivos países cuando toman créditos internacionales y deben ser conscientes de las obligaciones y responsabilidades por la deuda que generan. Un marco que clarifique cada paso en el proceso de endeudamiento —incluidos los necesarios controles y equilibrios— es fundamental para garantizar el endeudamiento (y otorgamiento de créditos) responsable en términos más generales.

El autor

Paola Subacchi, es profesora de Economía Internacional en el Queen Mary Global Policy Institute de la Universidad de Londres y, más recientemente, autora de The Cost of Free Money (Yale University Press, 2020).