El presidente tiene una idea equivocada de la soberanía y esto se traduce en minar las condiciones necesarias para el progreso de México, este sí, principal sustento de la soberanía. El presidente cree que la soberanía radica en que el gobierno, propietario de fierros, sea el monopolista en la provisión de energéticos, tanto de productos derivados del petróleo como de electricidad. Este anacronismo, basado en la idea de que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo (cuando lo que expropió fue la industria petrolera, es decir los fierros) o de que la nacionalización de la industria eléctrica por Adolfo López Mateos fue un acto de patriotismo (cuando lo que en realidad hizo fue la adquisición de los activos en manos de empresas privadas, medida necesaria para poder llevar a cabo la construcción de un sistema eléctrico nacional integrado).

Con esa equivocada idea, ha dedicado ingentes cantidades de recursos escasos para canalizarlos a Pemex, empresa que es notoriamente ineficiente y que además está quebrada, con un capital neto negativo. Y ahora, con el mismo argumento de “fortalecer la soberanía nacional” envió al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, misma que ya fue aprobada por los diputados de Morena y partidos que los acompañan y que seguramente será también aprobada por el Senado, mostrando no sólo su ignorancia sino, más aún, que ni siquiera leyeron (y menos aún entendieron) el T-MEC que ellos mismos aprobaron.

La reforma es a todas luces inconstitucional, al ir en contra de la competencia en la generación de energía eléctrica y de cambiar las reglas del juego bajo las cuales empresas privadas, nacionales y extranjeras, invirtieron, además de violar el Tratado.

En la reforma se establece que el orden de prelación en el despacho de energía eléctrica sean primero las hidroeléctricas (sin considerar que el agua en las presas también tiene un destino agrícola y de abastecimiento de agua a centros poblacionales), a las cuales seguirán todas las plantas de la CFE (nuclear, ciclo combinado, termoeléctricas). Posteriormente entrarían las plantas de ciclo combinado de los Productores Independientes de Energía, después las de generación eólica y solar y por último las de ciclo combinado propiedad de empresas privadas.

Todo mal por varias razones. Primero, las hidroeléctricas sólo pueden aportar el 15% del total de energía generada (suponiendo que el clima ayuda). Segundo, los costos de generación de las plantas de la CFE son significativamente mayores que los costos privados de generación (en todas sus modalidades) además de que las plantas termoeléctricas de la CFE son obsoletas y se ha favorecido el uso de combustóleo como insumo (dado que Pemex, en sus ineficientes refinerías produce ingentes cantidades de este producto y no tiene a quien venderlo). Tercero, al haber cambiado las reglas del juego y mandar hasta el final a los generadores privados (eólica, solar y ciclo combinado), reduce la rentabilidad que se esperaba obtener de la inversión realizada con las reglas aún vigentes, lo cual sería de facto una expropiación indirecta a ser impugnada en tribunales internacionales.

Pero además, hay otros efectos nocivos. Primero, lo más importante, es que se envía la señal, una vez más, de que en México no se respeta el estado de derecho, lo que por sí mismo destruye los incentivos a la inversión y al crecimiento. Segundo, al aumentar los costos unitarios de generación y mantener las tarifas a los consumidores residenciales se requerirá de un mayor subsidio a la CFE, la cual no tiene los recursos para invertir. Tercero, los costos de la electricidad para usuarios no residenciales (empresas) aumentaría, con un efecto negativo sobre la producción y el empleo. Cuarto, el enorme costo ambiental.

Todo mal.

ikatz@eleconomista.com.mx

Isaac Katz

Economista y profesor

Punto de vista

Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.

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