Si hoy un mexiquense que vive en Axapusco, afiliado al Seguro Popular, está de vacaciones en Mazatlán bañándose en el mar y de repente sufre de una apendicitis, tiene el derecho de ser atendido en el hospital general de la ciudad simplemente mostrando su credencial de afiliado del Seguro Popular.

Y dicho hospital está obligado a recibirlo y atenderlo de la mejor manera sin importar que el paciente no haya sido afiliado en el estado de Sinaloa sino en el Estado de México. Si a ese mexiquense lo operaron en Sinaloa de su apendicitis y le resolvieron bien su caso, ¿a qué institución le corresponde pagar? En este caso, el sistema estatal de salud del Estado de México le tiene que pagar al sistema estatal de salud de Sinaloa.

Esto se llama portabilidad. La portabilidad en el sector salud no es otra cosa más que la capacidad de que los sistemas de salud estatales de verdad atiendan con calidad a todo paciente afiliado sin obstáculo y sin importar si son o no residentes de esa entidad.

Y es un renglón que preocupa y ocupa a Gabriel O’Shea, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocida como Seguro Popular, que conforme su último censo al cierre del 2013 tiene 55 millones 687,000 mexicanos afiliados. El objetivo para el 2014 es cerrar el año con 57.3 millones de afiliados.

La portabilidad ya se había intentado iniciar durante el sexenio pasado, pero no funcionó bien porque faltaba que el elemento presupuestal estuviera totalmente claro.

El problema fue que entre estados no se ponían de acuerdo para estos pagos, y no se pagaban. Entonces ahí se atoró la cosa. Ahora, ya quedó establecido en ley que la Secretaría de Salud, a cargo de la doctora Mercedes Juan, es la rectora del sector, y en los casos de portabilidad está facultada para retenerle los recursos del Seguro Popular a un estado si éste no le quiere pagar a otro, para poder canalizarlos a la entidad que demuestre que sí atendió a tantos pacientes de otras entidades. Esto no pasaba antes. Ahora sí, este año ya lo van a hacer. Y aunque parece un detalle sin gran importancia, es un paso enorme para el funcionamiento del sistema de salud pública del país.

Son parte de las reformas que al gobierno federal le permitirán tener mayor control sobre el dinero que se envía para salud a los estados; este 2014 suma cerca de 75,000 millones de pesos.

Algo importante, como considera Gabriel O’Shea, es empoderar a los afiliados del Seguro Popular, para que tengan claro que al ir al centro de salud o al hospital nadie les hace ningún favor. Porque cada afiliado ya tiene asignado un presupuesto per cápita y el Seguro Popular le paga a las entidades para que lo atiendan.

Como parte de ello, el doctor O’Shea está por arrancar un programa bajo el cual pondrá gestores del Seguro Popular, con ventanilla de atención en cada hospital de segundo y tercer nivel, e itinerantes entre los centros de salud de los estados. Estos gestores, que actualmente están en proceso de capacitación, deberán orientar y asesorar a los pacientes y familiares ante cualquier problema que se les presente en la atención de su salud.

Aquí hay un punto que irá quedando cada vez más claro: que el Seguro Popular es el que respalda financieramente, en tanto que los sistemas de salud estatales son los que dan el servicio y están obligados a hacerlo con calidad.

Son pasos cruciales que deben derivar en un mejoramiento de la atención de salud y a la larga, lo lógico sería que nos dirigiéramos, ahora sí, hacia una competencia entre hospitales y la esperada convergencia entre las distintas instituciones de salud pública.