Militarizar la seguridad; ‘rectorizar’ la electricidad

Las crisis siempre han sido caldo de cultivo para debilitar las garantías individuales. Caen como anillo al dedo para prometer seguridad y acorralar a los derechos, personales y económicos.

La privacidad es un buen ejemplo. Pensando en gobiernos con sofisticadas capacidades de vigilancia, gestión y ejecución, intelectuales de la talla de Yuval Noah Harari han alertado que, ante la crisis de salubridad, algunos probablemente aprovecharán para ampliar sus alcances y sistemáticamente violar el derecho a la privacidad. Ciertos Estados —sobre todo los que ya tengan inclinaciones autoritarias— argumentarán que los espacios públicos no volverán a ser seguros si no pueden monitorear la salud, los signos vitales y las interacciones de los individuos.

México, que no ha podido acercarse ni al segundo peor de los países de la OCDE para desplegar pruebas para detectar el virus, no padece este problema. Aquí, dónde se han desmantelado capacidades técnicas y cuadros apolíticos, la amenaza es más muscular. Ante la combinación de la crisis y la inseguridad, el gobierno de México le apuesta menos a recopilar y procesar más inteligencia sobre grupos e individuos específicos. Prefiere poner armas más largas, vehículos más artillados y escuadrones más bélicos en nuestras calles. Son medidas que, de acuerdo con un amplio grupo de expertos, ponen varios aspectos del marco jurídico y las garantías individuales en entredicho. Y ni siquiera garantizan la seguridad. Se ejecutan en la coyuntura. Pero sólo se explican a partir de una serie de preferencias políticas que ya no se pueden esconder.

La situación es análoga en electricidad. Ante una menor demanda, todos los países han tenido que garantizar la confiabilidad de sus sistemas eléctricos. Lo han hecho utilizando su capacidad de ‘testing’ y respuesta por nodos para apuntalar los esfuerzos técnicos del operador independiente del sistema eléctrico. Las soluciones, aún en países regiones y nodos donde las energías renovables son mayoría, han sido acotadas, hiperlocalizadas e individualizadas, buscando siempre compensar cualquier derecho afectado.

Excepto en México. Aquí no hay ni medidas localizadas ni derechos compensados sino instrucciones políticas al operador independiente para limitar la participación de los renovables y privados a su antojo. Es un reprobable y oportunista cruce de frontera, en plena crisis, por un cuerpo de infantería que innegablemente le traía ganas al vecino.

Ante las denuncias mediáticas, diplomáticas y de autoridades independientes, como la Cofece, no sólo no ha habido una retirada. Ahora se ha revelado que la acción es parte de una maniobra con intenciones de escalada. Con el nuevo “Acuerdo para la Confiabilidad” que trascendió esta semana, la Secretaria de Energía está intentando asumir poderes de emergencia para transformar su rectoría del sector energético, deseable y legal, en un control más muscular y perceptible, claramente extralegal. Si logra arrebatarles a otras instituciones estos nuevos poderes extraordinarios, que no están acotados en el tiempo, adquirirá poderes sobre la vida y la muerte energética empresarial: podrá intentar rescatar a algunos activos, que hoy no son competitivos, ahorcando a otros que sí lo son. Si esto no afecta (potencialmente) los derechos de la industria, como la propia Secretaría de Gobernación argumentó al frenar la publicación de esta medida administrativa, será difícil reconocer una medida que lo haga.

Quizás México esté alejado del escenario más avanzado que Yuval Noah Harari describió en su ensayo en el Financial Times. Sería exagerado decir que los mexicanos estamos ante un gobierno que podría desarrollar capacidades y alcances vanguardistas, casi invisibles, que comprometan los derechos y sienten precedentes por décadas. En el caso mexicano de la militarización de la seguridad pública y la ‘rectorización’ del sector eléctrico, la amenaza al Estado de Derecho está enfrente de todos.