México y Chile, al acecho de una estanflación

Los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania, los temores a una recesión en Europa y Estados Unidos, la ralentización de la dinámica de las cadenas de suministro por brotes de Covid-19 en China, la elevada inflación y los correspondientes aumentos en las tasas de interés son algunos de los elementos que han atizado un deterioro de la situación de las economías de Chile y México. Ambas golpeadas también por la pandemia, enfrentan alta inflación e incrementos en el costo de la deuda pública, junto con bajos niveles de crecimiento, altas desigualdades, más pobreza e incertidumbre política para los próximos dos años. No obstante, ambas economías en 2022 presentan tipos de cambio fuertes frente al dólar.

De acuerdo con el panorama económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se prevé que el crecimiento de Chile se desacelere bruscamente y registre aproximadamente 1.4% en 2022. Las expectativas para el 2023 anticipan un preocupante crecimiento de 0.1% que tendría que lidiar con una elevada inflación que hoy registra 8% anual, condiciones financieras más restrictivas y la retirada de medidas fiscales extraordinarias que se aplicaron durante la pandemia. Con cifras del Banco Mundial sabemos que, a pesar de la recuperación de los ingresos, el déficit fiscal alcanzó el 7.7 % del PIB en 2021. A pesar del uso intensivo de los fondos de ahorro público, la deuda pública chilena alcanzó el 37% del PIB, la más alta en tres décadas. En Chile se anticipa para los próximos dos años un panorama difícil para el consumo de los hogares.

Para México, la proyección de crecimiento del PIB, según la OCDE, ronda 1.9% para el cierre de 2022 y un 2.1% para 2023, siempre y cuando la inercia de la economía siga su curso sin sorpresas y Estados Unidos no caiga en recesión. En México, posiblemente el consumo se verá favorecido por una mejora gradual del mercado de trabajo, pero las presiones inflacionarias podrían inhibir todo el efecto en el bolsillo de los consumidores mexicanos. En México, el déficit fiscal real es ya cercano al 4%, las tasas de interés rondan el 8.5% con la posibilidad de alcanzar el 10% a fines de año, y la deuda pública registra 49% del PIB.

En Chile, el plan económico anunciado por el presidente Gabriel Boric hace resistencia en el Congreso pues comienza a discutirse un nuevo retiro del fondo de pensiones con serias consecuencias para las finanzas públicas. Además, las iniciativas que ha promovido el presidente, como la reforma tributaria y la reforma a la regalía estatal a la minería, parece que no contribuirían a establecer condiciones atractivas para que el sector privado invierta decididamente. Asimismo, medidas como la reducción de la jornada laboral parece que limitarían la flexibilidad de los mercados laborales e incidirían negativamente en la creación de empleos, más cuando la reforma de pensiones aumentaría los costos de contratación.

El proyecto de Boric, Chile Apoya, contempla 21 medidas para generar empleos, ayudar a sectores rezagados de la población por medio de ayudas directas a las familias y apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Una de las medidas que ya había adelantado el presidente implica destinar un mayor presupuesto a los programas sociales, como la extensión de subsidios con especial énfasis en los jóvenes, mujeres, mayores de 55 años y personas en situación de discapacidad. Además, Boric busca contener el precio de los combustibles –gas, petróleo y gasolinas–, y congelar el precio del transporte público en todo el país durante 2022. Al igual que en México, Boric ratificó su compromiso de subir este año un salario mínimo de 400,000 pesos chilenos (unos 500 dólares mensuales). En sus ambiciosas metas de recaudación, Boric espera que con su reforma tributaria pueda recaudar 5% del PIB al final del mandato en 2026. Sin embargo, existe mucho escepticismo en Chile respecto del logro de esa meta, y se teme que acabe socavando los ahorros o acuda a un mayor endeudamiento.

En México, los dispendios del gobierno López Obrador por sus proyectos prioritarios son inmensos: la cancelación del otrora nuevo aeropuerto de Texcoco; la construcción paradójica del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; una nueva refinería en Tabasco -que se acerca a los 20 mmdd y un tren turístico en el sureste, que además de ser tremendamente ecocida, alcanzará cantidades superiores a los 15 mmdd. Alrededor de 6% del PIB tirado a la basura. Además, los programas sociales, parecidos a los que Boric quiere impulsar, representan el 11.1% del gasto total del gobierno. Pero lo peor de todo para México, y no tanto para Chile, es quizá el ambiente polarizado, antiempresarial y contrario al Estado de Derecho que ha generado la administración del presidente López Obrador, acompañado de las peores cifras en inseguridad de su historia, y la negación de permisos a empresas del sector energético por una contrarreforma marcadamente estatista. Adicionalmente, el gobierno ha emprendido una persecución fiscal a los grandes contribuyentes y políticas asistencialistas, que además de inflacionarias no contribuyen a la competitividad de la economía.

En Chile, ante el panorama complejo que se prevé, organizaciones de la sociedad civil han planteado una serie de recomendaciones pro crecimiento, entre las que destacan: mayor eficiencia en la tramitación de los permisos medioambientales para inversiones; promoción de más competencia y eficiencia en los rubros de transporte y logística; simplificación de trámites y permisos; impulso a la industria exportadora de servicios y turismo; promoción de la innovación y el desarrollo digital; y flexibilización de mercados laborales mediante adecuación de ciertas normas. Algunas políticas similares son las que pide el sector privado en México para hacer crecer la economía: aumento de inversión pública en transmisión y distribución de electricidad, nuevos permisos para generación de energía, nuevas rondas de licitaciones para explotación de petróleo; mayor competencia en los mercados; simplificación administrativa y menores presiones tributarias, y el cumplimiento irrestricto a la ley.

En una palabra, una economía que cuente con una oferta robusta, que es lo que se necesita para bajar la inflación, de acuerdo con George Gilder. Los gobiernos de México y Chile apuestan actualmente por medidas arriesgadas para las finanzas públicas que no construyen condiciones de certidumbre a la inversión, es decir, no reconocen que los problemas actuales de sus respectivas economías son de oferta, y ésta solo se fortalece con inversión pública y privada. Mientras sigan México y Chile en ese curso, todos los esfuerzos se estrellarán en un muro, y la ciudadanía sufrirá inútilmente después de vivir los estragos de dos años y medio de pandemia.