Recientemente, Ernesto Zedillo presentó el informe “Políticas de drogas en México, causa de una tragedia nacional”. Los coautores son los profesores del CIDE Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo, creadores del Programa de Política de Drogas de esa institución y quienes coincidieron con él en una estancia en la Universidad de Yale. También, la brillante estudiante del doctorado en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins Fernanda Alonso. La principal relevancia del documento, por supuesto, consiste en que lo respalda un expresidente del país más afectado por los yerros de las políticas prohibicionistas, México. En el texto, se argumenta a favor de regular las drogas como un camino para reducir la violencia y ofrece alternativas para implementar dicha regulación. Existe ya valiosa experiencia internacional al respecto, particularmente en el tema del cannabis. Lo más impresionante, sin embargo, son los datos que muestran la tragedia de un país que es presa del absurdo régimen internacional de drogas y de la militarización como respuesta.

En el 2011, se registraron 16,680 delitos por drogas que fueron sancionados con prisión; en el 2015, fueron 30,614, 83% más en tres años. En ese año, los estados abrieron 50,083 investigaciones penales por drogas, 65% de las cuales fue por posesión simple. Esto significa que 32,500 personas son investigadas sólo por poseer drogas. Es decir, la manera como combatimos el tráfico de drogas ha generado un fenómeno de encarcelamiento masivo y la distracción de valiosos recursos policiales para perseguir consumidores o personas que participan en la cadena de tráfico, pero que no son peligrosos para la sociedad, como cultivadores o mujeres que transportan pequeñas cantidades para su venta.

Del 2006, año en el que se declara la guerra contra las drogas, al 2017, se registraron 251,633 homicidios en el país. Antes de eso, México era un país relativamente pacífico, para estándares latinoamericanos. Después de dos décadas de reducción de homicidios, en el 2007, se registró un mínimo histórico de ocho homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el 2017, por el contrario, la tasa fue de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes. El número de homicidios del país, en buena medida relacionados con la guerra contra las drogas, es infinitamente superior al número de personas que mueren por consumir drogas ilícitas. En el 2016, se registraron 24,559 homicidios (una década antes fueron 10,452), pero solamente 118 muertes por consumo de drogas ilegales (en el 2006, fueron 169 los fallecidos por dicha causa). Esto es que iniciamos una guerra contra las drogas, por las cuales mueren menos de dos centenas de personas, pero ahora tenemos 14,000 homicidios más. Alrededor de 329,917 personas han sido desplazadas en México, principalmente por causa de la violencia extrema, desde el 2006.

Entre el 2006 y el 2015 la población disminuyó en 691 municipios de las zonas más violentas del país. De hecho, la esperanza de vida se redujo en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. De acuerdo con el gobierno, más de 35,000 personas han desaparecido en el país desde el 2006. Los resultados de la guerra contra las drogas son desastrosos, pero también el uso de los recursos. Entre el 2006 y el 2012 se gastaron 790,000 millones de pesos para combatir el tráfico de drogas, pero solamente 23,000 millones para prevención y tratamiento. De los centros de tratamiento solo 12% cumple con la reglamentación gubernamental, en general se presentan violaciones constantes a los derechos humanos de quienes sufren los tratamientos. La evidencia de que hemos fallado en todo en el tema de drogas es abrumadora. Tenemos que tomarnos en serio a Zedillo a los académicos mexicanos que la regulación como alternativa.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.