El Banco de Información Económica del Inegi publica una serie con los gastos en bruta de capital fijo (inversión bruta, antes de cubrir la depreciación del capital amortizado) realizados por los estados de la República mexicana entre el año 2003 y el 2018. Como proporción del producto interno bruto (PIB), estos apenas representan 0.7% del total. Juntos, los tres ámbitos de gobierno lograron invertir una cifra equivalente a 1.9% del PIB, por lo cual la participación de los estados en la inversión pública fue de 41% en el 2018.

La formación bruta de capital fijo en México fue de 23.3% del PIB ese año, 62.2% fue aportado por sociedades financiera y no financieras, 29.8% por los hogares e instituciones sin fines de lucro y tan sólo 8% restante por el gobierno general. Siendo la inversión la variable que determina el dinamismo de un sistema económico y, por ende, su capacidad para ampliar la generación de valor agregado y de empleo, es evidente que sin la inversión privada no habrá ni crecimiento ni nuevos empleos. Por increíble que parezca, esto no lo ha entendido el gobierno de la 4T.

Pero regresemos a nuestro tema. A precios constantes, las erogaciones para la formación de capital de los estados aumentaron a una tasa promedio anual d 2.4%, inferior al ritmo al cual crecieron sus ingresos (4.1% anual). En consecuencia, disminuyó la participación del gasto en inversión pública ejercido por las entidades federativas. ¿Por qué si los estados tienen ahora más recursos invierten menos?

Una forma de encontrar elementos para intentar responder a esa pregunta es contrastar las estructuras de gasto de los estados. Aquí realizamos el ejercicio comparando los egresos de los años de 1989 y el 2018. ¿Cuáles fueron los cambios más relevantes? De las once categorías de egreso contempladas en la base de datos, la de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, aumentó su participación 31.2 puntos porcentuales, pasando de 12 a 43.3% del total. La otra partida que tuvo un incremento relevante fue la de Recursos asignados a municipios, que pasó de 8.8 a 14.1% (avanzando 5.3 puntos). Esta evolución sugiere dos preguntas: ¿Existen evaluaciones sobre la calidad y el impacto de la asignación de esos fondos? ¿Cómo se cubrieron los incrementos en esas partidas?

La respuesta a la primera pregunta es ampliamente insuficiente, pues es muy poco lo que se ha hecho sobre el particular. Sobre la segunda, los datos nos revelan algo; dos tercios del dinero salió de la menor participación de la disponibilidad final y la Inversión pública, otra parte, de reducciones relativas en materiales y suministros, servicios personales y servicios en general y el resto, de endeudamiento público, cuya participación en los egresos totales se duplicó, al pasar de 3.8 a 7.7.

Pero los promedios pueden ocultar grandes diferencias. Este es el caso en materia de formación de capital público en los estados. Con la información del Inegi construimos un índice a precios constantes. Mientras el Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa incrementaron su gasto en inversión pública a tasas anuales entre 7.2 (Sinaloa) y 11.6 % (Estado de México), estados como Tabasco, Hidalgo y Chihuahua experimentaron caídas a un ritmo anual de -5.6, -6.1 y -9.3 %, respectivamente.

Otra manera de visualizar las diferencias es calcular el monto de recursos destinados a la formación bruta de capital en los estados por cada habitante residente en su territorio. A nivel país, en el 2018 esta erogación fue de 1,343 pesos por mexicano, pero el gasto per cápita en la CDMX fue de 25,681 pesos. ¿Será que un residente de la capital de la república paga 20 veces más impuestos? ¿Qué pasa en el resto de las entidades? Si las agrupamos por estratos, hay seis entidades con un nivel muy alto de gasto relativo en capital público por residente: Campeche (3,230 pesos), Sinaloa (3,013), Sonora (2,905), Durango (2,679), Querétaro (2,645) y Aguascalientes (2,310). En el extremo opuesto (nivel Muy Bajo), se ubican cuatro estados: Michoacán (568 pesos), Hidalgo (548), Baja California (533) y Colima (267). Con un nivel bajo, están; Jalisco (1,015), Coahuila (1,005), Nayarit (887), Yucatán (814), Nuevo León (799), Chiapas (745), Chihuahua (704) y Veracruz (674). En el estrato Medio: Guanajuato (1,695), Quintana Roo (1,552), Tlaxcala (1,326), Morelos (1,311), Oaxaca (1,274), Tabasco (1,211), Zacatecas (1,171), Guerrero (1,132) y Puebla (1,080) y, finalmente, en el Alto: Baja California Sur (2,182), Estado de México (2,158), San Luis Potosí (2,073) y Tamaulipas (1,975).

Hay muchas lecturas de estos datos. Quiero proponer tres. 1. Estamos descuidando a varios de los estados más productivas de México (gallinas de los huevos de oro), 2. Entidades, como el Estado de México y la CDMX, reciben un trato de excepción, es tiempo de revisar la forma como se obtienen y distribuyen los recursos, de manera que la demanda de un nuevo federalismo fiscal es legítima, y; 3. Los malos gobiernos tienen consecuencias y la factura es elevada.

Un botón de muestra del punto 3. Múltiples investigaciones periodísticas sugieren nexos entre la estafa maestra, el financiamiento a los partidos y el endeudamiento público en los estados. Los estados se endeudaron, los recursos no se ejercieron en programas públicos, sino que fueron sustraídos para otros fines a través del uso de facturas apócrifas. Este procedimiento fue solapado por el gobierno federal, cuyo titular en el periodo 2012-2018, se benefició del mismo para llegar al cargo. Salvo el Estado de México, las otras entidades que participaron en ese esquema (Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán y Nayarit) sufren hoy niveles bajos de inversión pública per cápita. Al Estado de México se le apoyó con recursos federales que permitieron que sus ingresos crecieran a tasas anuales reales de 6.6% entre el 2003 y el 2018.

Dicen que lo que no es parejo es chipotudo. Esto se ve muy chipotudo.

*Investigadores nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila.