La exposición de las declaraciones patrimoniales de 830,000 servidores públicos, incluidos datos personales confidenciales, ha preocupado a miembros de la comunidad vinculada con los centros públicos del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Sus académicos e investigadores también son obligados a presentar declaración patrimonial y, en consecuencia, también podrían haberse visto afectados por el incidente de seguridad de la información de la Secretaría de la Función Pública documentado aquí.

Algunos profesores investigadores del Conacyt han solicitado a la Función Pública la posibilidad de realizar una declaración simplificada, que les evite presentar tanta información financiera y patrimonial como cualquier otro funcionario público, pero se les ha negado la petición. Son considerados como cualquier funcionario público, obligado a rendir un informe anual muy detallado sobre su situación patrimonial y financiera.

Me pareció pertinente reproducir a continuación este comentario que recibí de un lector miembro de la comunidad del Conacyt:

“Después de leer la nota “Función Pública expuso la declaración patrimonial de 830,000 funcionarios públicos” estoy preocupado, como muchos colegas académicos, porque la Función Pública nos exige a los profesores investigadores de los centros públicos Conacyt a realizar obligatoriamente la declaración patrimonial, homologándonos a los subdirectores administrativos de las dependencias de gobierno, cuando nuestras funciones son académicas pues estamos dedicados a la investigación y docencia.

“Estamos muy preocupados porque, como lo mencionas en tu artículo, se deposita información extremadamente sensible que en el caso de un hackeo, descuido u otro nos expone ante una situación de secuestro o posible extorsión por grupos delictivos.

“Hemos escrito a la Función Pública, solicitando que se nos permita hacer una declaración simplificada porque nuestra actividad es la investigación y docencia y no las actividades de los burócratas que sí tienen cargos administrativos, pero la respuesta de la Función Pública fue negativa”.

Todos los funcionarios públicos, incluidos los académicos e investigadores del Conacyt, son víctimas colaterales de una lucha contra la corrupción que ha agarrado parejo, sin considerar posición en los organigramas ni responsabilidades ni niveles de decisión y manejo de recursos públicos de cada puesto. Es una igualdad perversa, motivada por un deseo público de combatir la corrupción endémica y sistémica del gobierno federal que opera a destajo y pinta con brocha gorda.

Y que ahora, por descuido, negligencia o iniciativas legítimas mal desarrolladas, también expone a los funcionarios públicos a la posibilidad de que datos personales confidenciales hayan sido expuestos a terceros no autorizados, como parte de lo que Función Pública llamó un “forma alternativa de acceso” a las declaraciones patrimoniales de 2020.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.