La Secretaría de la Función Pública abrió una “forma alternativa de acceso” a las declaraciones patrimoniales de 830,000 funcionarios públicos y expuso algunos datos personales confidenciales en internet. Tocará a la propia Secretaría deslindar responsabilidades y garantizar la protección de los funcionarios públicos que fueron afectados por la exposición de sus datos personales. “Ahí está el detalle: te piden que les digas de dónde ganas 3 pesos y ellos te ponen en riesgo de que te quiten hasta la camisa. A veces lo correcto no es correcto, como dijera mi compadre Margarito”, escribió el lector León Díaz Villada como reacción a esa noticia de El Economista en Facebook.

León tiene razón en el retruécano. Los derechos ciudadanos de los funcionarios públicos no han sido disminuidos, pero el aumento de sus responsabilidades de rendición de cuentas hacen que sus derechos ciudadanos parezcan disminuidos. Como parte del combate a la corrupción endémica y sistémica del gobierno federal, todos los funcionarios públicos son vistos con sospecha y no como parte de la fuerza que puede producir un cambio.

Esta circunstancia se ha fortalecido con la retórica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la que los funcionarios públicos son un mal necesario. No importa su nivel en el organigrama: hay que verlos por encima del hombro, necesarios para ejecutar las tareas del accionar del gobierno, pero con fecha de caducidad mientras se concluye la transformación política y moral de México.

Pero son mayoría los servidores que siguen las reglas, son honestos y trabajan con profesionalismo, los que llevan bien puesta la camiseta de sus lugares de trabajo y se esfuerzan por construir un México mejor. Si los malos fueran mayoría, en este país no serviría prácticamente nada.

Pero en el gobierno de Morena los funcionarios públicos pertenecen al cajón de los ciudadanos impuros —aquellos que no son beneficiarios de los programas sociales, como los empresarios y sus empleados y buena parte de la clase media. No son Pueblo. Por eso tampoco es casualidad, por ejemplo, que tras los recortes del gobierno federal de 2019 no se les considere como parte de las filas de nuevos desempleados: simplemente dejaron de existir.

Ellos estaban en el gobierno por su propia culpa, dice la retórica: ya sea porque gozaban de los privilegios de un sistema político que pagaba los favores con plazas en el gobierno o porque pertenecían a dependencias y oficinas creadas sin ton ni son. Por la vía de la austeridad y las eficiencias financieras y administrativas, estos quistes con forma de funcionarios públicos irán siendo extirpados hasta alcanzar el peso ideal de la dieta del gobierno federal.

Esta retórica alimenta una percepción como la que expresó otro lector en Facebook: “Son servidores públicos, como tal todos sus ingresos, propiedades y datos personales deben ser dominio público, si quieren conservar el anonimato de su información que renuncien a la función pública”. Ese criterio parte del prejuicio de que todos los funcionarios son corruptos y, más equivocado todavía, de que todos tienen posibilidad de practicar corrupción. Algo completamente falso.

En esa disyuntiva se encuentra el análisis de la reciente exposición de datos personales de funcionarios públicos que forman parte de sus declaraciones patrimoniales para el año 2020. Parte de esa información es de acceso público, pero hay otra de carácter confidencial que puede poner en grave peligro la situación patrimonial de los afectados.

Las obligaciones de transparencia crean una perversa igualdad entre los funcionarios públicos, sin importar su nivel en el organigrama ni las responsabilidades de cada puesto: todos tienen que rendir un informe muy detallado sobre su patrimonio y el de sus parejas y estar expuestos a la investigación de familiares en cuarto grado y hasta de su familia política. Y, para colmo, enfrentar la posibilidad de que sus datos personales confidenciales sean expuestos en internet por equivocaciones y malas configuraciones de seguridad.

Los funcionarios públicos tienen mucho en contra para desarrollar su trabajo. Esperemos que exista sabiduría y humildad para dignificar su labor, pero, sobre todo, para contribuir a la defensa plena de sus derechos ciudadanos.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.