El costo de la falta de Estado de Derecho para las empresas

De 2019 a 2022, México ha descendido en el Índice Global de Estado de Derecho 2022 de la organización World Justice Project (WJP). ¿Tiene esto efecto en el funcionamiento de las empresas? La OCDE ha señalado el papel que un Estado de derecho sólido supone para el surgimiento y fortalecimiento de las empresas.

Nuestro país ocupa la posición 115 entre 140 naciones, con una puntuación de 0.42 en una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de derecho. El país disminuyó el puntaje de 0.43 que obtuvo en la edición anterior. En 2019 registró 0.45, en 2020 documentó 0.44, en 2021 fue de 0.43 y en 2022 reflejó 0.42. Tal parece que después de sus primeros anuncios de ataque a la corrupción en su sexenio, dicho combate ha ido perdiendo fuerza en el gobierno de AMLO. El índice destaca que la recolección y análisis de datos provenientes de 140 países y jurisdicciones muestran que la adherencia al Estado de derecho cayó en 61% de los países encuestados este año, incluido México. El índice aparece después del Índice del Foro Global Mundial, que bajó varios lugares a México hasta el lugar 58 en los últimos años de 141 países examinados, donde la evaluación de la burocracia hacia las empresas alcanza uno de sus peores lugares, al igual que el turismo y en brecha de género se encuentra sumamente baja. Al ritmo actual nos llevaría 67 años igualar las brechas de género en México, cuando se ha recomendado aumentar el número de mujeres en el consejo de administración de las empresas.

Detalla el WJP que en México entre las tendencias está el retroceso en orden y seguridad, de 0.61 en 2016 a 0.52 en 2022. También se observa un deterioro del sistema de justicia civil, de 0.44 en 2015 a 0.37 en 2018, y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como la sociedad civil y la prensa, de 0.58 en 2015 a 0.48 en 2022.

Durante 2021, 45.9% de las empresas grandes fue víctima del delito, 46.9% de las medianas, 38.2% de las pequeñas y 23.7% de las micro. Durante 2021 se generaron 2.9 millones de delitos asociados a 1.2 millones de empresas víctima. Esto representa una tasa de concentración de 2.4 delitos por cada una. En 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en empresas representó un monto de 120.2 mil millones de pesos, es decir, 0.67% del PIB. Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para ellas de 69.9 mil millones de pesos. En el mismo año, la pérdida monetaria por victimización en empresas, esto es, aquellas pérdidas a consecuencia de haber sido víctima de uno o más delitos, fue de 50.3 mil millones de pesos.

Además, según el WJP, hay un estancamiento en materia anticorrupción, con 0.26 de la escala mencionada. Sin embargo, refiere que el país muestra fortalezas en materia de gobierno abierto, en el respeto a la ley en su transición de poder, así como en la integridad de sus elecciones. Estas fortalezas estarán a prueba en el cambio de estafeta al equipo del siguiente presidente. 

De acuerdo a lo que sostiene Luis de la Calle en Economía de la extorsión, la extorsión no es sólo una mancha en nuestro sistema. Es nuestro sistema. O, al menos, el peor compañero de viaje posible: uno que nos despoja a cada paso y nos sumerge en la incertidumbre. Durante 2021, la extorsión representó una tasa de 1,744 extorsiones por cada 10 000 empresas; ese año, se cometieron 829 mil delitos de extorsión, de los cuales 67.6 mil correspondieron a delitos de extorsión en la calle, en el establecimiento, o cobro de piso. En 44.8% de los casos, la extorsión fue pagada. La extorsión permeó en prácticamente todas las capas de nuestra sociedad y hoy define buena parte de nuestra economía y nuestras políticas. Su impacto es brutal y causa una profunda desigualdad, no sólo en ingresos y oportunidades, sino en el acceso a los derechos más básicos. México, hoy, no se entiende sin este flagelo, de no eliminarlo, será imposible que podamos aprovechar plenamente las ventajas del nearshoring. Es decir, un ambiente de incertidumbre inhibe la atracción de inversión simplemente porque achica las posibilidades de planeación de negocios al aumentar las expectativas de costos para el futuro que muchas veces trascienden lo monetario al poner en riesgo la vida de los colaboradores.

Lo anterior se agrava si los requisitos burocráticos poco ayudan a los empresarios. En límites al poder gubernamental, el WJP califica a México con un puntaje de 0.44, que refleja la existencia de problemáticas para conseguir permisos, licencias, y trámites diversos que impiden a las empresas operar. Esto también se refiere a los controles sobre la prensa y la poca efectividad de los organismos encargados de la fiscalización del gobierno, que al actuar débilmente encarecen el funcionamiento del Estado, otro costo adicional para las empresas.