El IFT del Bienestar

En el México distópico que la malhadada Cuarta Regresión ha creado, sobresalen instituciones y personas que ante la adversidad demuestran su verdadera estatura. La Suprema Corte y los ministros dignos que juzgan conforme a la Constitución y no por consigna o ideología, y que son los que mantienen a la República en pie ante los patológicos intentos de un presidente desquiciado por hacerse con el control absoluto de todos los poderes; la gallarda defensa del INE encabezada por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; la resistencia del INAI ante las chicanadas del gobierno para ocultar información que por ley debe ser pública, o el valor de la Cofece para documentar los efectos anticompetitivos de las manías presidenciales en energía o aviación, por ejemplo, son destellos de un orden jurídico que lucha por mantenerse firme ante los embates de la ignorancia dogmática.

Caso muy distinto el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encabezado por hombres pusilánimes, que, ante la menor presión por parte de poderes políticos o económicos, no dudan en tergiversar la ley y dar maromas para satisfacer a ese ente poderoso y temible: ya sea el arbitrario gobierno de López Obrador o los intereses económicos de Carlos Slim. Permítame ser claro: el IFT es un órgano constitucional autónomo con atribuciones constitucionales amplísimas para cumplir con su mandato y objetivos. Me atrevería decir que, en México, no existe un órgano más robusto que el IFT, en su ámbito material de competencia. En un país de autoridades chimuelas (aunque arbitrarias) los “dientes” del IFT no los tiene ni Obama, parafraseando al clásico que confunde consignas con programas de gobierno. No obstante, al frente del instituto están cuatro hombres timoratos, que carecen de los arrestos necesarios para defender a su institución, y mucho menos para cumplir su mandato constitucional.

Me viene a la cabeza la multa por más de veinte mil millones de pesos que le perdonaron a Telmex con el pretexto de que, ellos mismos, habían apestado el expediente; o su constante desatención a los comentarios hechos por los concesionarios competidores sobre la manera de hacer más eficiente la regulación asimétrica impuesta al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AMX, Telmex, Telnor, Telcel). Vaya, no se toman siquiera la molestia de explicar por qué no los toman en cuenta. Ya ni se diga de los reportes trimestrales sobre el cumplimiento de la regulación asimétrica del AEPT: hacen como que la ley no es la ley.

En este mismo tenor, la semana pasada, el IFT modificó el título de concesión de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, para permitirle prestar servicios al usuario final, lo cual está expresamente prohibido en la ley y en el propio título de concesión que, con inusitada y temerosa rapidez, el IFT modificó para satisfacer un caro y absurdo capricho presidencial. En efecto, el artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que las redes públicas de telecomunicaciones con participación pública “en ningún caso podrán [...] ofrecer servicios a los usuarios finales.” La única excepción es para zonas geográficas donde ningún operador preste los servicios. Para darle la vuelta a esta prohibición, el IFT se inventó que si la persona tiene más de 14 años y recibe programas sociales, entonces no es usuario final para efectos de la prohibición, aunque viva en el mismísimo Polanquito. Por cierto, el IFT, a diferencia del trato que otorga a los particulares, modificó la concesión de CFE en tiempo récord de algunas semanas, no vaya ser que pasen las elecciones y Morena no pueda regalar ese tiempo aire que tantos votos consigue.

Desde el punto de vista competitivo, el efecto será irrelevante (recordemos que los pupilos de AMLO son, quizá, más ineptos que él), pero lo que es muy preocupante es el poco respeto por la ley que tienen los comisionados del IFT; sobre todo ahora, en que la grandeza de los hombres está poniéndose a prueba.

@gsoriag