Si hay algo que no le gusta al gobierno de la 4T es respetar nuestra Constitución. En estos casi tres años hemos visto la manera en que Morena y sus aliados han aprobado leyes que constantemente violan lo establecido en nuestra Carta Magna y que tratan de destruir, tomar control o simplemente silenciar a nuestros órganos autónomos. Para ejemplo, vemos la guerra que el propio Palacio Nacional ha emprendido en contra del INE y la denominada #LeySaldivar que en un acto inconstitucional piensa romper el principio de libre autodeterminación del Poder Judicial, alargando el periodo de su presidente. Con esto, oficialmente se inicia el desmantelamiento de nuestra democracia.

En el caso del Instituto Nacional Electoral, Morena ha dejado claro que su misión es desaparecerlo. Expertos en la materia han asegurado que nunca se había visto tal presión sobre el árbitro electoral y menos desde la oficina del presidente, algo que, no sólo sienta un precedente sumamente peligroso para la democracia en nuestro país, sino que además causa incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía.

Además, en las últimas semanas, las amenazas en contra del órgano autónomo por parte de simpatizantes de Morena, como el aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado, han pasado de ser irresponsables a ser, incluso, violatorias a la Ley. Ejemplo de ello fue lo que sucedió la semana pasada, cuando Salgado Macedonio, desde la CDMX, incitó a sus seguidores a manifestarse en los domicilios particulares de los consejeros del INE en un acto de intimidación, algo que viola lo establecido en los artículos 209 del Código Penal de la CDMX y 131 del Código Penal Federal; donde se establecen penas para quienes amenacen con causar mal a otra persona o perturben el orden público.

Por otro lado, en el caso del Poder Judicial, el objetivo de Morena es diferente, puesto que no pretende desaparecerlo y, más bien, busca controlarlo y silenciarlo.

Como lo he mencionado en varias ocasiones, el Poder Judicial ha demostrado ser el único contrapeso efectivo al autoritarismo proyectado desde la Presidencia de la República. A diferencia del Legislativo, cuya mayoría está supeditada a las decisiones por capricho tomadas desde el Ejecutivo, los ministros y jueces distritales del país han logrado detener fuertes golpes, como la denominada Ley Combustóleo, que ponen en riesgo el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la economía familiar a nivel nacional.

Esto le ha dolido mucho a Morena, que a través de una reforma en lo oscurito en el Senado busca comprar la lealtad de la Suprema Corte, otorgándole, de manera inconstitucional, dos años más de mandato a su Presidente, Arturo Saldívar. Y es que no podemos dejarnos engañar, esto es un claro intento de socavar la autonomía de la Corte, además de que abre la puerta para que se extiendan otros mandatos, entre ellos el de mismo presidente, según lo han advertido expertos en derecho constitucional.

Como Diputada Federal, me sumo al llamado que se ha hecho para que el ministro Zaldívar rechace estos dos años que no le corresponden, velando como siempre lo ha hecho, por el interés superior mandatado desde nuestra Carta Magna.

Yo insisto, el México próspero y de desarrollo que nos merecemos no podrá ser alcanzado con la visión híper-nacionalista que la 4T ha demostrado tener. Necesitamos instituciones fuertes, contrapesos efectivos y una democracia participativa, pero a cambio han decidido iniciar oficialmente su desmantelamiento.

@PerezSoraya

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

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