El modelo de democracia que hemos construido en México, a lo largo de 30 años, permite que haya elecciones realmente competitivas, sin ganadores predefinidos, con alternancia pacífica. Eso no empezó el 1 de diciembre, es un entorno que se ha reflejado ya con tres rotaciones de partido en el gobierno en las últimas cuatro contiendas presidenciales, es decir, entre el 2000 y el 2018, tres veces hemos visto la alternancia como algo natural y no como un accidente o excepción a la regla.

En esa misma ruta caminan las entidades federativas. Desde la creación del INE se han realizado 35 elecciones para renovar gobiernos locales, y así tenemos que entre el 2015 y el 2019 se han concretado 23 alternancias. Hay condiciones para distribuir espacios de gobierno y representación legislativa a partir del mandato de las urnas, condiciones para competir políticamente en una cancha de juego razonablemente pareja, con garantías de confianza respecto a que el voto cuenta y se cuenta en el sentido en que se emite, sin alteración de resultados que pueda significar cambiar ganadores por perdedores o viceversa, sin fraude.

Hemos logrado como sociedad remontar tiempos en donde la única certeza era que ganaría el candidato postulado por el partido gobernante y eso no debe tener marcha atrás. Ahora lo habitual es que arrancan campañas sin vencedores predefinidos o seguros, sin mayorías o respaldos a perpetuidad. El voto decide periódicamente nuevas geografías políticas, hay cambio constante, no “el cambio” único, hay gobernabilidad democrática que estamos llamados a defender sin importar la orientación ideológica.

Hablar de retos que vemos en nuestra democracia pasa, precisamente, por reconocer que debemos mantenerla en pie, no cancelar sus avances ni socavar lo que ha funcionado bien, sin que ello implique caer en el inmovilismo legislativo o renunciar a construir reformas y actualizaciones normativas que atiendan nuevos fenómenos de distorsión.

La historia reciente nos dice que la fórmula de ajustes legales e incluso constitucionales permanentes es adecuada en el ámbito electoral siempre y cuando sea privilegiando el consenso y no la imposición.

La pluralidad no ha desaparecido de México. Es un error abaratar el término “mayoría” o “pueblo” como un todo uniformado y asumir legítimo el imponer en su nombre una sola postura, creer que la política y la sociedad se convirtieron de pronto en monocolor y político en torno a una misma corriente de pensamiento. El mensaje de los votos es claro a favor de la oferta de gobierno del presidente que fue elegido, pero no muestran unanimidad de criterios o ideologías. Fueron poco más de 30 millones los que definieron la presidencia, pero dentro de un universo con 90 millones de votantes.

En otras palabras, una tercera parte del electorado respaldó expresamente al actual presidente de la República, pero otras dos terceras partes no lo hicieron, ya sea porque votaron por otra opción o porque decidieron no respaldar a ninguna. La legitimidad es irrefutable cuando un gobierno llega a partir de votos válidos, pero su proporción no puede sustituirse a partir de encuestas. Las encuestas no sustituyen urnas.

Hay un reto para nuestra democracia y tiene que ver con asumir la legitimidad de quienes cosechan mayorías, pero sin negar la proporción de representación real que debe darse a las minorías.

*Consejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada