Censo 2020, los retos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) está por enfrentar un desafío: la obtención de una detallada fotografía estadística de México, pues el próximo año realizará el levantamiento del Censo 2020.

Es un reto en términos de logística, de inseguridad, pero también en términos de certeza presupuestal.

Aunque el gobierno federal ya autorizó el presupuesto que el Inegi solicitó, falta ver si el poder legislativo lo somete o no, a un recorte, como lo hizo el año pasado.

El Censo de Población y Vivienda sirve para la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de los tres niveles de gobierno; la distribución de los recursos a las entidades federativas y municipios, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, y la conformación de los distritos electorales uninominales según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En otras palabras, es el principal insumo para la generación de proyecciones de población (para el próximo año se estima que podría alcanzarse un número total de 127 millones de mexicanos); para la medición de la pobreza; la delimitación de las zonas metropolitanas; la medición y monitoreo de los avances del país con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y la caracterización de las poblaciones objeto de programas sociales.

Es, en síntesis, una fotografía de cuántos somos, cuántos viven en condiciones de pobreza y cómo impactan los programas de desarrollo gubernamentales, entre muchas otras cosas.

Presupuesto, apretado

Esta fotografía estadística se toma cada 10 años. Y en esta ocasión se realizará en el contexto del gobierno de la cuarta transformación que ha marcado prácticamente todos los ámbitos del quehacer gubernamental con una drástica política de austeridad.

El Inegi, presidido por Julio Santaella, con base en el “techo presupuestal”, que previamente le marcó la Secretaría de Hacienda encabezada por Arturo Herrera, presentó y recibió la aprobación de un presupuesto de operación que incluye un monto parcial para la realización del Censo 2020, por 16,600 millones de pesos.

Es un presupuesto “apretado” pero suficiente, de acuerdo con el propio órgano autónomo, que paradójicamente, a pesar de esa condición, no tiene autonomía presupuestal.

Es la secretaría de Hacienda la que marca el “techo presupuestal” y sobre esa base el organismo estadístico presenta su propuesta. Aunque, hasta ahora, la secretaría de Hacienda y Crédito Público ya le dio luz verde falta ver qué decide el poder legislativo.

Del recorte, al rescate

El año pasado, la Cámara de Diputados le recortó 500 millones de pesos y en consecuencia el Inegi tuvo que dejar de hacer o, por lo menos, postergó la realización de 14 encuestas.

De ellas, la más relevante es el Censo Agropecuario que ha sido “sacrificado” no sólo en este gobierno, sino también en el pasado. De hecho, no se ha realizado desde el año 2007.

Su costo se calcula entre 3,000 millones y 4,000 millones de pesos. Es el más costoso.

En el Inegi es el censo que más lamentan no poder llevar a cabo. La buena noticia es que de los 14 eliminados o postergados, cinco ya se han logado rescatar, en virtud de acuerdos con distintas dependencias y el gobierno capitalino, en los que se ha logrado integrar presupuestos en participación de 50 y 50% entre el Inegi y las partes interesadas.

De esta forma revivirá, aunque parcialmente, la Encuesta Nacional de Disposición y Uso de Tecnologías de Información en Hogares. El Inegi, en conjunto con el IFT de Gabriel Contreras y la SCT de Javier Jiménez Espriú, pagarán el costo. La encuesta será sólo de carácter nacional, no incluirá el desglose estatal y por ciudades de interés, que consideraba a entre 40 y 50.

Se rescató con Inmujeres, encabezado por Nadine Gasman, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo que mide, por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado, el tiempo de apoyo y ayuda a adultos mayores y niños, entre otros. Se hará este año y se realiza cada cinco años.

También se rescató la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no ha levantado la mano para apoyar, a pesar de que es una de las dependencias que mayor presupuesto tiene.

Y con apoyo de la Secretaría de Agricultura de Víctor Villalobos, se podrá realizar la Encuesta Nacional Agropecuaria. Se rescató, además, con el apoyo presupuestal del gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, pero sólo orientada a la capital de la República y perderá su carácter de encuesta nacional.

Y entre las que se quedaron fuera están dos relacionadas con la seguridad: la de Población Privada de Libertad y la Encuesta de Capacidad Policial. En ambos casos, le hubiera correspondido apoyar su realización a la Secretaría de Seguridad Pública, de Alfonso Durazo, pero hasta ahora no ha dicho esta boca es mía.

ATISBOS

EQUIDAD DE GÉNERO. El 6 de junio del 2019 entró en vigor la reforma constitucional en materia de paridad de género, mediante la cual se elevó a rango constitucional este principio.

Derivado de ello, el artículo 41 constitucional establece que “la ley deberá determinar las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en la integración de los organismos autónomos”.

De acuerdo con el tercer transitorio de la reforma, la observancia del principio de paridad de género para las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales exige que la integración y designación de sus distintos órganos de gobierno se realice de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley.

Lo que urge son las leyes secundarias para evitar un potencial juicio político en contra de las autoridades que tomen decisiones ante una evidente contradicción en la propia legislación. A ver.