De las reformas estructurales efectuadas por la administración del presidente Peña Nieto, la de telecomunicaciones es, sin lugar a duda, la que ha tenido resultados perceptibles en el menor tiempo. La eliminación de la larga distancia nacional, la asimetría efectiva en materia de tarifas de interconexión entre el agente económico preponderante (Telmex y Telcel) y el resto de los competidores, la prohibición para éste de discriminar en función de la red de destino de las llamadas y la incipiente competencia, han tenido como efecto una importante reducción en los precios que pagan los usuarios y una sensible mejoría en la calidad de los servicios. La reforma va bien, y se nota.

Uno de sus principales aciertos fue eliminar muchas de las barreras de entrada que existían para competir en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Aunque en teoría el mercado de telecomunicaciones se había liberado desde 1995, en la práctica las autoridades administrativas mantenían un altísimo grado de discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos.

En pocas palabras, ellos decidían quién sí y quién no entraba al mercado, y sus decisiones se basaban más en sus filias y fobias personales que en una política pública clara y predecible. Por ejemplo, durante la administración del expresidente Zedillo, se licitaron de manera transparente muchas concesiones para telefonía móvil y servicios inalámbricos, y con toda facilidad se podían obtener concesiones de red pública de telecomunicaciones para prestar todo tipo de servicios fijos. En contraparte, se mantuvo cerrado el mercado de comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, salvo para casetas públicas telefónicas. Es decir, a pesar de estar permitido en la ley, el gobierno impidió la operación de operadores móviles virtuales. Posteriormente, en la administración de Fox se impusieron trabas y requisitos arbitrarios a los que pretendían competir en el mercado, bajo el argumento de que debían asumir obligaciones de cobertura social, ya que Telmex era el único concesionario con obligaciones de esa naturaleza. Evidentemente, la solicitud de nuevas concesiones se redujo sustancialmente. No obstante, hay que reconocer que durante ese sexenio se autorizó a las empresas de televisión por cable prestar servicios de telefonía y acceso a Internet fijos. Por último, en la administración de Calderón hubo algunos avances en materia de portabilidad, acceso de operadores móviles virtuales y reducción significativa de las tarifas de interconexión, pero el marco jurídico seguía dependiendo del arbitrio y voluntad de los funcionarios en turno.

Con la reforma y la creación de la figura de concesión única se limitó la arbitrariedad y se levantaron muchas de las barreras artificiales para ingresar a competir en el mercado. Hay barreras propias de cada mercado y su grado de concentración, pero también hay barreras regulatorias artificiales que dependen más de decisiones políticas que del comportamiento de los actores en el mercado. Por parte de la Federación, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han realizado un encomiable esfuerzo de simplificación administrativa, de eliminación de barreras regulatorias y de fomento en el uso de bienes y derechos de vía; todo ello, con el propósito exclusivo de facilitar el despliegue de infraestructura por parte de los operadores privados. Desafortunadamente, no podemos decir lo mismo de los estados y municipios del país, quienes lejos de ayudar al despliegue de infraestructura ponen todo tipo de trabas administrativas, ya sea por ignorancia, por un afán recaudatorio o por simple y llana corrupción.

Por supuesto que no todos los estados y municipios actúan de la misma forma o por los mismos motivos. La SCT ha estado trabajando en acuerdos de coordinación con varios de ellos que permitan uniformar requisitos y dar certeza en la obtención de permisos locales. Por su parte, el IFT ha iniciado investigaciones para determinar la existencia de barreras a la competencia en ciertos estados y municipios. Es claro que el gobierno federal está haciendo su trabajo, esperemos que encuentre aliados en los estados y municipios en el importante reto de desplegar infraestructura para conectar a más mexicanos a la nueva economía digital. Los servicios públicos deben ser un detonante del bienestar y no rehenes de intereses políticos o clientelares.

GerardoSoria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.