El virtual presidente electo dio a conocer hace unos días una lista de 50 puntos que integran un adelanto a su plan de ahorro de gastos en la administración pública. Se refiere a ésta como “austeridad republicana”; el adjetivo me resulta torpe, pues entiendo que el significado de la austeridad es uno solo, ¿significaría esto que hay austeridades diferentes como la “dictatorial”, “la socialista”, “la religiosa” o “la capitalista”? Semántica aparte, desde luego la racionalización del gasto público es bienvenida. Ya desde el 2015, Morena, en una iniciativa de ley, indicaba varias de las medidas dadas a conocer ahora.

La prisa del equipo de López Obrador de que se implementen estas medidas de ahorro a partir del presupuesto del 2019 es porque requiere recursos para financiar dos programas sociales ya comprometidos desde la campaña: becas por 3,600 pesos mensuales para casi 3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan así como aumentar a 1,500 pesos al mes la pensión para adultos mayores e incrementar su cobertura. Juntos, estos dos programas requieren un financiamiento cercano a 1.5% del PIB, una cantidad formidable.

Sin duda, hay medidas sensatas en la propuesta. Pero el problema es que muchas de las acciones en el plan de austeridad difícilmente sumarían una cantidad cercana a dicha necesidad. La mayoría son vistosas para la opinión pública y combaten la imagen de dispendio del gobierno, pero no generan tanto ahorro. Por ejemplo, la reducción del sueldo del presidente, las pensiones de tres de los expresidentes, los ahorros en electricidad, agua y telefonía en oficinas públicas y el seguro médico privado a funcionarios. Una medida que sí generaría un ahorro cuantioso sería la cancelación definitiva del discrecional ramo 23 (se calcula en 200,000 millones de pesos). Sin embargo, esta acción no se incluyó en la lista. ¿Será porque se pretende utilizarla para los “virreyes” estatales? Asimismo, el plan no toca el gran dispendio estatal de los recursos canalizados por la federación.

Por otro lado, no se tiene una cuantificación precisa del impacto del recorte en la estructura y salarios del personal por dependencia. Podrían afectar la operación eficiente del sector, como el recorte de 70% de las plazas de confianza. Son estos servidores públicos los que operan la administración pública. Además, en su inmensa mayoría, son los que han acumulado el capital humano y la memoria histórica de muchas dependencias.

Una retabulación de puestos y remuneraciones de los mandos superiores debe hacerse con cuidado y aplicando criterios objetivos, no simplemente decretar sin fundamento que se reducen a la mitad. Es preciso hacer un estudio con comparadores de remuneraciones de puestos en el mercado basado en funciones, responsabilidades y riesgos. Ello llevaría a sueldos diferenciados para un mismo escalafón en dependencias diferentes.

La austeridad es urgente, pero no con medidas que sólo sirvan como simbolismo para satisfacer un reclamo social sino con acciones efectivas que eliminen el dispendio, pero que no dañen la operación eficaz del gobierno.