La tasa de participación es uno de los enigmas que más intriga a los analistas electorales. El comportamiento de esta variable puede causar estragos a los modelos de predicción del voto. Una caída en el porcentaje de electores que acuden a las urnas el próximo 6 de junio puede afectar más a unos que a otros. El abstencionismo no necesariamente se distribuye por igual entre los contendientes y puede hacer la diferencia en el resultado de la elección.

En 2015, la tasa nacional de participación fue del 47.7%, nada mal para una elección legislativa, en la que, en el ámbito federal, sólo se renovó la Cámara de Diputados. En procesos electorales similares, 2003 y 2009, la participación fue incluso más baja, 41.3% y 44.8% respectivamente.

Las tasas de participación en elecciones legislativas suelen ser considerablemente menores a las elecciones presidenciales. En los últimos dos comicios en los que se renovó lo titularidad del Poder Ejecutivo federal, la concurrencia de votantes a las urnas alcanzó el 63% del padrón electoral. Las elecciones presidenciales son más atractivas y despiertan mayor interés entre los electores.

En los comicios que se celebrarán el 6 de junio, tendremos en juego diversos factores novedosos que pueden incidir sobre la tasa de participación. Algunos de ellos presionarán hacia abajo la concurrencia de votantes, mientras otros harán que salgan a emitir su voto. El saldo final es incierto, pero hay buenas razones para el optimismo.

Entre los factores novedosos está desde luego la pandemia del Covid-19. Aunque la amenaza de una tercera ola de contagios no se ha materializado, el SARS-COV-2 sigue circulando entre nosotros y representa una amenaza grave para la salud de la población no vacunada, que sigue siendo la mayoría. El riesgo de contagio puede hacer que la gente se quede en casa, en vez de salir a votar el próximo 6 de junio.

Sin embrago, las elecciones locales celebradas en octubre del año pasado, justo al inicio de la segunda ola de contagio, muestran la resiliencia del electorado mexicano. En Coahuila la participación fue del 39.4%, en línea con las tasas registradas en elecciones legislativas locales en el pasado. En Hidalgo, las elecciones municipales suscitaron una concurrencia del 53.8% de los votantes, ligeramente por arriba del promedio registrado en comicios del mismo tipo.

Otro factor novedoso el próximo 6 de junio será la concurrencia de elecciones locales con los comicios para renovar la Cámara de Diputados. La reforma electoral de 2014 propició la homologación de fechas de elecciones locales con las federales. Sus primeros efectos se empezaron a sentir en 2015, cuando la concurrencia propició la participación más alta para una elección legislativa intermedia en los últimos 20 años.

Pero en el 2021 tendremos la mayor concurrencia de elecciones federales y locales que hayamos visto hasta ahora. Todos los estados tendrán al menos una elección local al mismo tiempo: 15 renovarán las gubernaturas junto con los demás cargos de elección popular, 13 presidencias municipales y diputaciones locales, dos ayuntamientos y sólo en dos casos (Durango e Hidalgo) habrá una concurrencia limitada a comicios legislativos.

Las elecciones de gubernaturas y presidencias municipales suelen concitar una mayor participación que las legislativas. El próximo 6 de junio pueden convertirse en un motor que impulse la participación por encima del 47.7% de hace seis años.

Otro elemento novedoso en estas elecciones es la campaña de descrédito contra las autoridades electorales emprendida por el presidente López Obrador y su partido. Los ataques carecen de racionalidad. La desconfianza en el INE tiende a desalentar a los votantes, mientras que a Morena, un partido sin estructura, le convienen participaciones elevadas. Pronto veremos qué predomina: la fuerza de las instituciones o el vandalismo político.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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