A unos cuantos días de la instalación de la nueva legislatura, se empieza a dibujar la estrategia política que seguirá el presidente López Obrador durante la segunda mitad de su gobierno. Dirigirá sus ataques de manera frontal en contra del PAN, al mismo tiempo que mantendrá abierta la puerta a acuerdos con el PRI.

El político tabasqueño puede sacar adelante su programa legislativo con el apoyo de Morena y sus aliados, el PT y Partido Verde, salvo en aquellos casos en que se requieran cambios a la Constitución. Para armar mayorías calificadas de dos terceras partes en el Congreso, el gobierno tendrá que dividir a la alianza opositora, conformada por PAN, PRI y PRD. Si logra aislar al PAN, con los votos del PRI le alcanza. Del PRD, no parece necesitar nada. 

La estrategia de concentrar el ataque en el PAN se ha reflejado en el intento frustrado de despojar del fuero y detener a Francisco Javier Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, así como en la persecución de políticos panistas por supuestos sobornos a cambio de su voto por la reforma energética de 2013. Esta última línea se abrió a partir de la detención en España de Emilio Lozoya, el director general de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto acusado de recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos.

Lozoya ha evitado pisar la cárcel gracias a un trato con la FGR con el fin de implicar a políticos del PAN en una trama de dinero por apoyo legislativo, a favor de una reforma a la cual López Obrador se opuso y ahora busca revocar. Por lo pronto, el caso ha servido para meter a la cárcel a Jorge Luis Lavalle, senador del PAN por Campeche de 2012-2018. Lavalle lleva cuatro meses en prisión preventiva, forzado a armar tras las rejas su defensa contra las acusaciones de la FGR.

La reciente decisión de judicializar la carpeta de investigación en contra de Ricardo Anaya parece responder a la misma estrategia. El político panista y candidato presidencial en 2018 por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ha denunciado una persecución política en su contra. Anunció también que se exiliará de México.

Desde luego, la experiencia con la justicia mexicana difícilmente recomendaría otra cosa. Anaya busca evitar la misma suerte de otros perseguidos de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, como Elba Esther Gordillo, Rosario Robles y ahora Lavalle, condenados sin sentencia a pasar un largo tiempo en la cárcel en calidad de “presuntos culpables”, con la connivencia del Poder Judicial. El político tabasqueño dice que en su gobierno puede haber políticos presos, pero no presos políticos. En los hechos, no parece haber diferencia entre unos y otros.

Hasta ahora, la alianza opositora ha resistido los embates del gobierno federal. La semana pasada mantuvo su unidad en una votación trascendente. Junto con el apoyo de Movimiento Ciudadano logró impedir que la Comisión Permanente convocara, por instrucciones de López Obrador, a una sesión extraordinaria del Congreso con el fin de aprobar de forma apresurada la ley reglamentaria de la consulta revocatoria.

Asimismo, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD acudieron juntos a Washington D.C. para denunciar ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la intervención del narco a favor de Morena en las elecciones del 6 de julio pasado. Solicitaron a ambas la emisión de medidas precautorias. El presidente López Obrador desestimó la denuncia y, de paso, se burló de los líderes opositores.

Queda la duda respecto a la capacidad de la alianza opositora de resistir los embates de la 4T. Todo dependerá del PRI. Si siente que su poder de negociación aumenta significativamente como parte de un bloque más amplio, la alianza puede subsistir. Pero, si piensa que puede sacar tratos más ventajosos con el gobierno de forma separada, veremos al PRI votar con Morena en casos relevantes.  

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

Lee más de este autor