33 días para la suspensión de líneas móviles

Al 13 de mayo se habían registrado 48 millones de líneas móviles de un total de 144.5 millones, apenas 33.1%, un buen avance desde que inició muy tardíamente la campaña en medios electrónicos. Dos tercios de los usuarios del país siguen sin identificarse. La fecha límite es el 30 de junio. Quedan 33 días. Quien no se registre se le suspenderá el servicio. No podrá llamar ni enviar mensajes ni usar datos. Se le cortará el Internet móvil. Se le suspenderá el derecho a comunicarse.

Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de América Móvil, la empresa con más usuarios en el país, dijo que el proceso es “muy complicado”, los tiempos son “demasiado cortos” y el registro merece una “reestudiada para ver qué es más eficaz para conveniencia del cliente y de la autoridad”. No es un activista digital quien lo dice. Es el mayor operador del mercado, el que más interés tiene en que el proceso funcione.

Lucas Gallitto, director para América Latina de la GSMA, la asociación global que agrupa a los operadores de telecomunicaciones, declaró que “hay que ser realistas con los tiempos, con las dinámicas y los procesos”. Recordó que México es un país grande y diverso. Gallitto subrayó la necesidad de una estrategia integral que construya confianza ciudadana.

Legisladores, gobierno y regulador pusieron el peso de la política sobre el usuario, no sobre el criminal. Diseñaron la política con la mirada puesta en el delincuente, pero la carga recayó sobre el ciudadano.

La extorsión telefónica es un flagelo. Los criminales usan líneas prepago para operar desde las cárceles y la calle. Es lógico identificar quién hace la llamada que busca defraudar. El registro obligatorio erosiona el anonimato (como si los extorsionadores fueran tontos y vincularan su identidad), pero también afecta privacidad y derechos.

La solución elegida castiga al inocente. Al usuario que paga su factura cada mes. Al estudiante que usa su celular para hacer tareas. Al trabajador informal que cobra por transferencia. Al adulto mayor que coordina sus citas médicas. Al emprendedor que atiende a sus clientes. A todos ellos se les amenaza con suspender el servicio si no completan un trámite que millones desconocen, no entienden, no pueden hacer o simplemente desconfían.

La desconfianza es real. Aunque el registro no solicita datos biométricos, vincular la CURP a una línea telefónica sí implica cruzar datos biométricos e identidad con el historial de comunicaciones. La desconfianza y el desinterés por el registro se debe a que la CRT eligió como procedimiento exactamente el mismo modus operandi que utilizan los delincuentes, enviar un mensaje de texto con un enlace sospechoso.

La autoridad se enredó en un problema de enfoque. Si el objetivo es cortar la extorsión y prevenir el fraude, el Estado debería mirar hacia donde está el delito, no donde está la víctima.

Existe tecnología para intervenir comunicaciones desde los centros penitenciarios sin necesidad de sacrificar la privacidad. Las soluciones desarrolladas por empresas especializadas en seguridad permiten neutralizar señales de celular al interior de los penales, identificar dispositivos activos y bloquear llamadas. Ese es el frente de batalla, no la sanción contra millones de usuarios que sí cumplen, sí pagan y sí tienen derechos. Eso se llama criminalizar al usuario.

México no está solo en este camino. Perú tiene un registro biométrico de usuarios. Brasil exige la identificación del titular en la compra de la SIM. Argentina tiene un padrón de usuarios móviles. Son países con problemas serios de seguridad pública y sus gobiernos apuestan por el registro como herramienta disuasoria.

Pero también es cierto lo contrario. Estados Unidos no exige registro de identidad para comprar una tarjeta SIM. Canadá tampoco. Alemania, Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, ninguno de ellos obliga a vincular la identidad del usuario como condición de acceso al servicio móvil. Son algunas de las economías más avanzadas del mundo.

El registro puede ser una herramienta. No es la única. De ninguna manera es el pretexto para suspender servicios y derechos. Una línea móvil es infraestructura de vida. Con ella se accede a la banca, servicios de salud, educación a distancia, trámites del gobierno, movilidad, trabajo remoto, cultura, información. La conectividad móvil es el soporte de todos los demás derechos digitales.

Suspender esa línea es interrumpir la vida digital de una persona. Hacerlo por no haber completado un trámite en un plazo que el mayor operador del país y la principal asociación global de la industria consideran insuficiente, es una decisión que merece revisarse.

La salida es rediseñar el registro sin suspensiones. La CRT puede establecer que el registro se realice de forma progresiva. Al comprar una SIM nueva, al contratar una línea, al hacer una recarga. Sin fecha de corte. Sin amenaza de suspensión. En pocos ciclos de renovación, el padrón se completaría sin fricciones, sin desconfianza, sin violar el derecho de acceso a las TIC. Puede hacerse por etapas, con avisos claros y sin cortar el servicio de forma súbita.

Ese rediseño conservaría el objetivo de identidad y trazabilidad, pero evitaría convertir el derecho de acceso a las TIC en una concesión condicionada al cierre del plazo.

La seguridad importa. Pero no puede supeditar los demás derechos digitales. El 33% de avance en cinco meses lo confirma. Quedan 33 días y la CRT tiene la oportunidad de corregir. Un regulador no criminaliza al usuario. Una autoridad seria persigue al delincuente, no al ciudadano. Un regulador mide, corrige, informa y explica. Entiende que la confianza vale tanto como el control. Si la autoridad insiste en una ruta que desconecta millones de líneas, el costo será social, económico, reputacional y electoral.

El país no crece en su economía y está a 33 días de una decisión que puede terminar en un registro bien pensado o en un apagón digital innecesario.

X: @beltmondi