Brasilia. En un nuevo episodio que envolvió al gobierno de Michel Temer y puso al presidente brasileño casi al borde del precipicio, un juez de la corte suprema mandó a liberar a allegados suyos detenidos el jueves al terminar sus declaraciones sobre la causa que investiga si hubo irregularidades en la concesión de instalaciones portuarias y que salpica también al mandatario.

La orden respondía a un pedido realizado más temprano por la fiscal general, Raquel Dodge, para revocar las órdenes de prisión temporal y no extenderlas hasta lunes al considerar cumplidas las medidas de búsqueda y aprehensión, así como las declaraciones de los detenidos en presencia de miembros de la Procuraduría.

En la mañana del jueves, la policía detuvo a 10 personas, entre ellos varios amigos de Temer y empresarios, por una causa que indaga si hubo irregularidades en la concesión de instalaciones portuarias. Tres personas más afirmaron encontrarse en el extranjero, pero declararán a su regreso.

La bomba, que finalmente no detonó, la había colocado el juez de la Corte Suprema, Luis Barroso, quien investiga si Temer recibió sobornos para emitir en mayo del 2017 un decreto con el objetivo de beneficiar a compañías de este sector.

La medida —solicitada por la Fiscalía y con la luz verde del STF— fue duramente criticada el viernes por el gobierno, que emitió una nota atribuyendo las investigaciones a un intento de “retirar al presidente de la vida pública” e impedir su eventual candidatura a las elecciones de octubre.