Irse por la “puerta grande” para un presidente en América Latina resulta más que complicado. Y es que el último año de gestión de casi todos los gobiernos de la región –tras años de promesas frustradas y diferentes escándalos– la popularidad del presidente cae en picada. Tanto los peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala, como el colombiano Juan Manuel Santos y los chilenos Michelle Bachelet y Sebastián Piñera (el segundo en su periodo 2010-2014) acabaron sus mandatos con menos de un 36% de aprobación de su población local.

En su último año de gestión, el colombiano Iván Duque, sin embargo, parece estar cercano al récord regional establecido por el chileno Sebastián Piñera (cuya aprobación actual es inferior al 12 por ciento). Y es que en el reciente estudio Pulso País de la investigadora de mercado Datexco y W Radio reveló que el presidente local cuenta con sus cifras más altas de desaprobación y desfavorabilidad. El 79% de sus compatriotas desaprueba la manera en cómo está manejando el país y solo un 16% lo aprueba.

El descontento tras 49 días de paro nacional (el más secundado y largo de su historia) ha supuesto un golpe a la ya baja aprobación del presidente colombiano, quien llegó al poder en 2018 avalado por el expresidente Álvaro Uribe con un 53.98% de los votos y que en noviembre de 2019 enfrentó ya una protesta social.

Y justamente el cierre inconcluso de las demandas de ese paro, sumado a los estragos de la pandemia, le juega hoy en contra, aunque la pausa de las protestas como consecuencia del recrudecimiento de la tercera ola de contagios por Covid-19 le ha dado algo de aire. La reforma tributaria propuesta por su gestión –acusada de atacar directamente a la clase media– ejerció de gota final que acabó rebalsando el vaso. “En realidad hay muchos malestares que se están juntando ahora. Hay cosas antiguas que vienen desde 2019, que tenían que ver con un país que se había desarrollado mucho y que tenía aspiraciones nuevas a más oportunidades en educación, salud y mejores empleos y con la implementación del proceso de paz en Colombia que fue frenado […] El gobierno abrió un proceso de diálogo que finalmente desembocó en nada y sobre esto llegó la pandemia que agravó las problemáticas del país”, explica Yann Basset, profesor de la colombiana Universidad del Rosario.

“Las protestas reflejaron el descontento social con temas relacionados con la pandemia, el efecto económico, el trabajo, el aumento de la pobreza, pero también había, hasta cierto punto, temas que no fueron resueltos tras las protestas de 2019. También hay un elemento de descontento con el accionar de las fuerzas de seguridad en el país, que influye en la magnitud de las protestas”, dice Renzo Merino, analista de la calificadora de riesgo Moody’s.

La controvertida propuesta de reforma tributaria, que le costó su puesto al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, falló no solo en su timing sino en su fondo. Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso y consultor internacional, explica que, si bien racionalmente era impecable, pues suponía conseguir más dinero para pagar la alta deuda del país, no tenía ninguna sintonía con la evolución de la sociedad colombiana. “Es ahí donde los sectores medios finalmente ‘compran la idea’ de salir a protestar, porque hay promesas incumplidas, temas de corrupción, aumento de la violencia y el narcotráfico…”, dice Holzmann.

Desarrollo vulnerable

Cuando llegó el Covid-19 a Colombia, en marzo de 2020, el gobierno puso en marcha una de las cuarentenas más restrictivas de la región –las limitaciones a la movilidad se mantuvieron hasta agosto de ese año– dejando fuertes secuelas en su economía y sociedad. Daniel Velandia, executive director research y chief economist de Credicorp Capital, explica que el impacto de la pandemia produjo que el PIB local se retrajera 6.8% en el conjunto del año, transformándose en la caída más fuerte desde que se tiene registro. “Es la mayor caída conocida, pero muy concentrada en el segundo trimestre, cuando la economía cayó 16 por ciento. Posteriormente empezamos una gradual recuperación”, explica Velandia.

Pese al duro golpe, el chief economist de Credicorp Capital destaca la resiliencia de la economía colombiana, sobre todo considerando que el gobierno local implementó el segundo paquete fiscal más pequeño de la región. “Chile comprometió más de 15 puntos del PIB desde el lado fiscal y Brasil ya supera ocho puntos. El compromiso de Colombia es de cuatro puntos y se ha gastado más o menos tres. Y, por otro lado, en el país no ha habido retiros de ahorros pensionales”, dice.

Colombia arrastra especialmente desde 2014 un problema de alta deuda, que tiene como uno de sus orígenes la caída del precio del petróleo, un commodity de gran importancia para los ingresos del país. Pero con la pandemia, el país ha sufrido un deterioro de su métrica fiscal y de deuda, según Renzo Merino, de Moody’s. “A nivel de gobierno general, por ejemplo, la carga de la deuda respecto al PIB en 2019 era de 52%, mientras que luego de la pandemia subió hasta 67% del PIB. Hubo otros deterioros porque la menor actividad económica implicó que los ingresos del Gobierno cayeron”, dice Merino.

Desde el lado social, en un contexto de menos ayudas por parte del gobierno respecto a sus pares regionales, la expansión del Covid-19 ha supuesto hasta la fecha 105,593 fallecimientos y un aumento de la pobreza y de la desigualdad local, que es justamente uno de los talones de Aquiles del país latinoamericano. Según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), la pobreza monetaria subió a 42.5% de la población en 2020 –frente al 35.7% de 2019– y la indigencia pasó a un 15.1% (del 9.6% anterior en el mismo período).

Y aunque el gobierno de Iván Duque ha puesto en marcha programas para paliar estos resultados, estos no han sido percibidos como una verdadera ayuda por la población, que en su mayoría trabaja en el mercado informal. “Se han tratado de ampliar programas existentes y se han creado nuevos, pero insuficientes para la gente, que ha estado mucho tiempo sin trabajo y sin contar con sus sustentos habituales”, dice Yann Basset, quien considera que al gobierno le ha pasado factura el no querer meterse mucho en la política y presentarse como un gobierno de técnicos.

El malestar por este complicado escenario se suma al hecho de que exista en el país, como en otros de la región, una generación de jóvenes más informados sobre política a través de redes sociales, con perspectivas económicas inferiores a las de sus padres, según Farid Kahhat, profesor del departamento de Ciencias Sociales de la universidad peruana PUCP. “No es casual que los jóvenes tengan un rol protagónico [en las protestas]. Hay un componente generacional que parece ser importante”, dice el analista internacional.

En las calles de las principales ciudades del país donde se llevaron a cabo las protestas se dieron cita múltiples generaciones de colombianos, con múltiples y diversos reclamos, lo cual ha dificultado las negociaciones para su resolución. Y el pliego de peticiones cuenta con más de un centenar de puntos, entre ellos el retiro del proyecto de Ley de reforma a la salud de Duque, matrícula gratuita en entidades públicas o la creación de una renta básica de emergencia.

“Hubo una irrupción de muchos sectores. Hay un Comité Nacional de Paro, que está conformado por organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, pensionados, indígenas… Pero son organizaciones centradas en Bogotá. Este comité no representa a toda la multitud de gente que está protestando, especialmente a los jóvenes que estaban en las barricadas, haciendo cortes de ruta”, dice Mauricio Archila, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.

Se estima que hay alrededor de 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. “Hay realmente un malestar de la juventud urbana que se manifestó de una forma, a veces, violenta.

Durante las semanas de paro en abril, marzo y junio se sucedieron las negociaciones entre el Comité Nacional del Paro y funcionarios del gobierno, que, sin embargo, fueron suspendidas por el primero poco antes de la pausa temporal de las protestas por la tercera ola de Covid-19. Hasta entonces, para Basset, el gobierno de Duque estaba apostando al desgaste del movimiento.

Demonstrators take part in a protest against the tax reform of President Ivan Duque's government in Bogota, Colombia, May 1, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez
Foto: Reuters

No hay mano roja

El presidente colombiano –que el 27 de junio sufrió un atentado cuando se dirigía a la ciudad de Cúcuta en la frontera con Venezuela– acusó al narcotráfico y sus mafias de estar detrás del vandalismo y lo que denominó como ‘terrorismo urbano’, según recogieron medios locales. Y el expresidente Álvaro Uribe fue más allá, y en declaraciones al diario español El Mundo aseguró que el presidente venezolano Nicolás Maduro estaba tras el vandalismo de las protestas, con el fin de influir en las elecciones de 2022.

Para Jann Basset se trata del libreto clásico del gobierno y particularmente de la derecha radical colombiana, acostumbrada a ver toda manifestación de inconformidad social como algo vinculado a la subversión. “Obviamente sí hay grupos armados que tratan de pescar a río revuelto, pero un movimiento de estas dimensiones no está dirigido por ninguna fuerza oscura, ni mucho menos”, dice.

Farid Kahhat explica que ya había este tipo de argumentos en 2019, año en el que se produjeron protestas en múltiples partes del mundo, como Chile, Francia, París o Hong Kong. Pero los descarta por incoherentes. “La mano negra del chavismo no llega a todo el mundo, y menos en la situación de calamidad económica en la que se encuentra Venezuela. Segundo, hubo protestas contra gobiernos de izquierda y de derecha. Entendería que el comunismo internacional fomente protestas contra Duque, pero no contra Evo Morales o Daniel Ortega”, dice el experto, quien matiza que no es que el chavismo no intente tener injerencia, sino que no tiene la capacidad para hacerlo.

Durante las semanas de protesta en Cali se vieron duros actos de violencia y actos vandálicos, además de saqueos y cortes de carreteras que dejaron a la ciudad aislada. , Hasta ahora la Fiscalía General ha confirmado 24 fallecidos durante las manifestaciones, en todo el país, aunque los grupos de derechos humanos aseguran que la cifra podría superar los 70. Por lo pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza si hubo abusos en la contención de las protestas, mientras que el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto para condicionar la ayuda que le da el país a la policía colombiana a mejoras en cuestiones de derechos humanos. El presidente Iván Duque, por su parte, ha puesto sobre la mesa una reforma de la policía y una modernización del Ministerio de Defensa.

Calma temporal

El 2 de julio el Gobierno de Colombia dio a conocer que presentará un proyecto de ley ante el Congreso para endurecer las penas de prisión por vandalismo, bloqueos de vías y ataques a policías en las protestas. Y es que es previsible que en los próximos meses se retomen las protestas, lo cual podría debilitar aún más al gobierno de Duque en su último año de mandato, a pesar de sus paños de agua fría propuestos hasta la fecha, como un plan de empleo para los jóvenes o la mencionada reforma de la policía.

Duque tiene poca muñeca. Su gran apoyo era Álvaro Uribe y hoy en día están distanciados”, dice Guillermo Holzmann, de la Universidad de Valparaíso.

Para Yann Basset ya antes del paro estaba claro que la impopularidad del gobierno de Duque era algo que afectaba a su partido y al expresidente Uribe, que es la referencia que tiene la derecha local y que ha pasado a ser una figura impopular. “Ello significa que no va a poder sacarse de la manga una figura cualquiera como Duque, que no era muy conocido en 2018, para llevarlo a la presidencia”, dice.

Y si bien algunas voces han asegurado que la actual oposición gubernamental, encabezada por el izquierdista Gustavo Petro, gana ventaja de cara a las elecciones, los especialistas consultados plantean dudas al respecto. “Muchos dan por sentado que Petro será el próximo presidente, pero no lo tengo tan claro. […] Me queda más claro el declive del “uribismo” que un hipotético triunfo de la izquierda. De esta situación podrían surgir candidaturas que intenten hacer lo que el centro en Perú no pudo hacer”, dice Farid Kahhat.

Basset, por su parte, explica que Petro, quien justamente perdió las elecciones contra Duque en 2018, ha estado un poco incómodo en el paro, porque genera mucha resistencia a los sectores más conservadores o de centro y no quería aparecer como un radical frente al gobierno. Por otro lado, no cree que vaya a aparecer en la carrera electoral un outsider totalmente desconocido, como el peruano Pedro Castillo.

“Puede que le funcione [la protesta] un poco a la izquierda de Petro, pero también creo que hay un gran riesgo de derechización. A eso le apuestan Uribe y su partido: a comenzar a decir que se trata de infiltración extranjera, un complot comunista que quiere acabar el país y que se meta mano dura”, añade Mauricio Archila.

¿Marea rosada?

Con la derrota de la lista derechista del presidente chileno Sebastián Piñera en las elecciones para formar la Asamblea Constituyente, más la virtual victoria del izquierdista Pedro Castillo en Perú, y el liderazgo en las encuestas del expresidente brasileño Lula da Silva, se empiezan a escuchar algunas voces respecto al retorno de los aires de izquierda en América Latina, aunque los expertos aseguran que estos cambios responden a cuestiones locales y la pandemia.

“Ya pasó un poco la época de las olas regionales como el giro a la izquierda de principios de siglo, y después el contraflujo de la derecha. Ahora las cosas están fragmentadas y dependen mucho más de los contextos locales. Yo creo mucho más que en este contexto pandémico hay muchos descontentos que afectan a los gobiernos de turno, sin importar mucho su tendencia”, dice Yann Basset.

“Yo soy escéptico respecto a un viraje a la izquierda [en América Latina]. Tiendo a creer que los efectos en la salud pública, en lo económico y psicológico de la pandemia ayudan a entender el grado de descontento, pero eso afecta a quien esté en el gobierno, sea de izquierda o de derecha, si no ha tenido una buena gestión”, dice Kahhat.

El docente de la PUCP añade que Andrés Manuel López Obrador perdió la mayoría calificada en dos tercios en la Cámara de Diputados mexicana y en Argentina hay elecciones para la renovación parcial del parlamento, que probablemente jueguen en contra de la izquierda de Alberto Fernández. “Es lo que en ciencia política se llama ‘voto retrospectivo’”, dice.

Guillermo Holzmann asegura que América Latina vive un proceso de desideologización, en el que la gente ya no vota con la visión binaria de izquierda y derecha, sino que se moviliza por buscar y exigir calidad de vida, dignidad y transparencia. Ya no se trata de ideologías sino de causas, que en este caso –para Holzmann– tienen más sentido en el pensamiento tradicional de izquierda, que en el de la derecha, que se concentró en lo económico.

En el caso colombiano, para los especialistas, es pronto para dilucidar si se producirá si efectivamente la derecha colombiana perderá su hegemonía. Lo que sí parece claro es que Iván Duque saldrá por la puerta de atrás.