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Analistas advierten riesgos de especulación y alza en costos por cupos a importaciones de carne

El reciente decreto que fija cupos de importación de carne de res y de cerdo ha generado un debate: las organizaciones de productores apoyan la medida de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Foto: Especial

María del Pilar Martínez

El reciente decreto que fija cupos de importación de carne de res (70,000 toneladas) y de cerdo (51,000 toneladas) ha generado un debate: las organizaciones de productores apoyan la medida de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que analistas privados alertan que, debido a fallas estructurales, esta acción podría incrementar el costo de los alimentos en lugar de frenar la inflación.

Por un lado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) calificaron la medida como trascendental para brindar certidumbre jurídica y proteger la planta productiva nacional.

Para los ganaderos, este esquema protege directamente a 750,000 pequeños y medianos productores de bovino, mientras que para los porcicultores representa un paso firme hacia la soberanía alimentaria, con la ambiciosa meta de que la industria nacional abastezca el 70% del mercado interno para el año 2030.

Asimismo, la CNOG resaltó que este esquema permite complementar el consumo nacional sin inhibir la producción interna, garantizando el abasto de alimentos sanos e inocuos para 130 millones de mexicanos.

Por su parte, la Opormex celebró el establecimiento del sistema de cupos al considerar que envía una señal de estabilidad y evita prácticas desleales que pudieran afectar estructuralmente a la producción nacional.

Especulación, riesgo

En contraste, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) sostiene que la mecánica de licitación elegida desvirtúa el propósito original del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

El organismo advierte que los cupos se asignan a quienes estén dispuestos a pagar más por el derecho a importar, independientemente de si son usuarios finales o actores con actividad directa en la cadena.

“Este esquema incentiva la participación de intermediarios que adquieren el cupo para revenderlo posteriormente, incorporando un sobrecosto artificial y fomentando la especulación al desvincular el acceso del cupo de la necesidad comercial real”, afirmó Juan Carlos Anaya, director general de GCMA.

La falta de alineación entre los volúmenes asignados y el déficit real de abasto industrial preocupa a los expertos, ya que el volumen de carne de cerdo podría generar cuellos de botella en la cadena de suministro.

El GCMA señala que el proceso actual funciona más como un mecanismo recaudatorio que como una herramienta de abasto, lo que genera una distorsión de precios.

Además, “la opacidad en las reglas y la falta de incorporación de comentarios técnicos en la versión final del decreto ante la Agencia de Transformación Digital limitan la efectividad de la medida, dejando al mercado vulnerable ante un esquema que no asegura un abasto complementario ordenado”, añadió Anaya.

Desde GCMA se sostiene que los cupos deberían asignarse con criterios objetivos y vinculados al uso productivo para evitar que se conviertan en un instrumento de renta en lugar de estabilidad de mercado.

Trabajo conjunto

En tanto, la Sader reiteró que el éxito de estas medidas es resultado del trabajo conjunto con las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público. En el comunicado de prensa la dependencia destacó que el enfoque gubernamental prioriza el bienestar de las familias productoras y la generación de empleos en el campo.

El gobierno de México ha garantizado plenamente el abasto de carne de res y cerdo, en línea con el Plan México, que busca priorizar el bienestar de las familias productoras y la seguridad alimentaria de la población.

Asimismo, la Secretaría de Agricultura mantendrá un seguimiento puntual a la aplicación de los decretos, asegurando un diálogo abierto y una visión estratégica con certidumbre jurídica para que el sector agroalimentario opere a largo plazo.

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Gráfico EE

María del Pilar Martínez

Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

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