El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) comprobó el “amplio apetito” que hay en el sector privado por participar en el sector carretero. La licitación que tiene en marcha para dar mantenimiento, rehabilitación y operación de caminos y puentes internacionales en una extensión de 348 kilómetros, ubicados en Nuevo León y Tamaulipas, generó un primer interés entre 17 empresas, entre ellas: ICA Infraestructura, Mota Engil, Omega Construcciones Industriales, Cointer Concesiones, Rubau y Gami Ingeniería e Instalaciones.

El llamado Paquete Noreste es el tercero que realiza la institución (como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura), bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) desde el 2016 y el contrato a firmar cuenta con un techo presupuestal de 8,773.3 millones de pesos por un periodo de 10 años. Los activos involucrados son cuatro autopistas y dos puentes internacionales que forman una red que conectan con la frontera del estado de Texas, Estados Unidos: las autopistas Monterrey-Nuevo Laredo, Cadereyta-Reynosa, Matamoros-Reynosa y el Libramiento Sur II de Reynosa. Además de los puentes Reynosa-Pharr, que es el principal cruce de cuota entre Reynosa y Estados Unidos, y el puente internacional Lázaro Cárdenas, entre Matamoros y Brownsville.

Debido a que el esquema de pago a la empresa o consorcio designado tras el fallo de la licitación (estimado para el 7 de abril) está sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño debidamente evaluados, Banobras ha reconocido que las experiencias de las APP anteriores han sido exitosas.

Testigo social reconocido

Como parte de los procesos de transparencia que se pretenden en el concurso, la Secretaría de la Función Pública designó al ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Puebla, Humberto Santillana Díaz, como testigo social y ya participó en la primera sesión de junta de aclaraciones, realizada el lunes 20 de enero, donde se manifestó la inquietud de algunas empresas por los temas de inseguridad existentes en la zona de trabajo.

El ingeniero, que también fungió como testigo social en el frustrado proyecto del Tren México-Querétaro, de acuerdo con información de la dependencia, se desempeña como vicepresidente de Grupo Sacmag, empresa dedicada a la consultoría para el análisis, evaluación, diseño (ingeniería y arquitectura), coordinación y supervisión de proyectos de construcción.

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