No bajarán los precios del espectro en el próximo sexenio: José Merino

José Antonio Peña Merino, hombre fuerte de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de política pública digital, dijo que los precios del espectro continuarán en los mismos niveles de tasación fiscal en el próximo Gobierno federal que inicia el martes 1 de octubre.

México es el país de América con las frecuencias más caras para su explotación en servicios masivos de telefonía e Internet. Como ejemplo, México cobra 96% más cara, sobre la media internacional, la banda de los 2.5 Gigahercios que es utilizada para los servicios masivos de Internet móvil.

Merino, hasta hace un año el jefe de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, participó en una conversación con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (Anatel), en la que se preguntó la posición del nuevo gobierno respecto a la explotación del espectro radioeléctrico en redes públicas de tipo comercial y de cara a la Licitación IFT-12 que llevará a concurso más espectro para servicios 5G.

José Antonio Merino, quien forma parte del equipo de transición de Sheinbaum, dijo que el nuevo gobierno, al que algunos ya califican como una extensión de la Cuarta Transformación, irá hacia adelante con dos planes que significan temores para la industria mexicana de telecomunicaciones:

1. Nulos cambios a la política fiscal por la explotación de bandas radioeléctricas.
2. Asignación directa del espectro para su explotación en empresas con participación del Estado.

José Merino manifestó estar en desacuerdo con la industria en cuanto la posición de que los altos gravámenes por las frecuencias, escritas anualmente en la Ley Federal de Derechos, son los obstáculos que frenan los despliegues comerciales de red y declaró que si el país lo demanda, el Estado estudiaría la posibilidad de que el espectro se asigne para servicios públicos que provean las empresas paraestatales como CFE Telecom, una intención que temen los industriales del sector luego de que Altán Redes, con participación mayoritaria de capital estatal, ha solicitado espectro para configurar servicios 5G y el mismo gobierno ya estudia el mecanismo para entregar esa banda sin pasar por la figura de la licitación.

¿Hay algunas soluciones, incluso regulatorias que pudieran reducir el costo del espectro? Sí, sin duda. Lo que yo no necesariamente comparto es que el costo del espectro sea el principal impedimento para despliegue de redes (…) El espectro es un bien público y tiene que asignarse a donde genera mayores rendimientos públicos”, declaró Merino en el foro GSMA 360 CLTD 2024.

José Merino aseguró, sin embargo, que en el próximo sexenio el Gobierno federal trabajará en promover la competencia, sea a través de un regulador o desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con lo que también deslizó que no se conoce el futuro del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues en la elección presidencial del domingo, Claudia Sheinbaum también logró las mayorías en las cámaras de senadores y diputados como para desaparecer a todos los órganos autónomos.

“Si hay un problema regulatorio, lo vamos a resolver; si hay un problema regulatorio, en términos de obstáculos a la inversión y despliegue, los vamos a resolver; el órgano regulador o el que sea (…) De nuestro lado se tienen que hacer las cosas que se necesitan regulatoriamente. Pero del otro lado tiene que haber compromiso real de despliegue de cobertura y uso de espectro”,

Los comentarios de Merino estuvieron en contrasentido con aquellos de la directora general de coordinación de la oficina del secretario de Hacienda, Florencia Franco Fernández, que minutos antes acudió ante los CEOs de América Móvil, AT&T, Telecom Argentina y decenas de empresarios de telecomunicaciones, a los que trató de calmar con que el gobierno se mantendrá cercano y sensible a las demandas de estos industriales. “Vamos a trabajar en equipo”, había dicho.

“Confiamos que por coyunturas como estas, los sectores públicos y privados podremos generar estrategias conjuntas para seguir impulsando el crecimiento de la industria de las telecomunicaciones y garantizar que sus servicios lleguen a todos los rincones del país con un énfasis especial en las zonas de atención prioritaria”, había dicho la funcionaria de Hacienda.

Telcel y AT&T piden certeza y recapacitación

En el mismo foro de la GSMA, el director general de América Móvil, una compañía con presencia en 23 países y 101 millones de accesos atendidos sólo en México, pidió al nuevo gobierno mantener la certeza jurídica.

Daniel Hajj, director de América Móvil, habló de maximización de la infraestructura; de la necesidad de crear más infraestructura digital, entre centro de datos, fibra óptica, etc, pero sobre todo “necesitamos todos los servicios en todas las redes y con espectro asequible y certidumbre jurídica”, declaró Daniel Hajj.

Minutos después en el foro de GSMA, la directora general de AT&T México, Mónica Aspe, exhortó al nuevo gobierno a reflexionar sobre la política fiscal por uso de frecuencias radioeléctricas.

Mónica Aspe confió en que los tiempos políticos pueden empatarse con los intereses de la industria de telecomunicaciones:

“Estoy segura más en un cambio de administración, en que vamos a cambiar, en que vamos a replantear, en que vamos a recapacitar. México ha cambiado mucho y han cambiado mucho las telecomunicaciones en el mundo (…) Tenemos que replantearnos cómo lo estamos haciendo, porque no estamos avanzando a la velocidad que quisiéramos”, dijo Aspe.

“Hagámoslo posible, ya estamos aquí los grandes operadores. Hagamos que funcione. Esto es una perfecta crisis porque es una oportunidad perfecta donde los tiempos de la política y los tiempos de la industria se pueden alinear para replantearnos cuál es realmente el México digital de futuro”.