Inversionistas mexicanos van a demandar al Estado español por asunto Popular

La resolución y posterior venta de Banco Popular a Banco Santander el pasado 7 de junio por un euro sigue generando avalanchas de demandas no solo en los tribunales españoles, sino también europeos. Hoy estaba previsto que finalizase el plazo para que los accionistas de Popular que quisieran demandar al FROB ante la Audiencia Nacional española por su actuación en la resolución del banco español, según la interpretación de algunos abogados. Sin embargo, y según fuentes de la Audiencia Nacional, el último día para la presentación de estas reclamaciones termina el día 30 de septiembre, dos meses hábiles (agosto no se considera hábil) tras la publicación de la resolución de Popular en el Boletín Oficial del Estado.

De momento, la Audiencia Nacional española ha recibido más de un centenar de demandas contra el FROB –al cierre de agosto el número era de 70–. Pero la ampliación del plazo para presentar estas demandas han permitido a varios inversores estudiar nuevas posibles intervenciones al margen de la Audiencia Nacional.

Este es el caso de los inversores mexicanos encabezados por el empresario Antonio del Valle –fue consejero de la entidad española, y fue el vocal que propició la salida de Ángel Ron como presidente–, que en conjunto llegaron a controlar alrededor del 4.5% del capital. La decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de intervenir Popular y que llevó a los accionistas y bonistas a perder todo su capital en el banco, supuso para este grupo de inversores unas pérdidas de 600 millones de euros. Los más de 300,000 accionistas y bonistas de Popular perdieron todo el dinero invertido en esta entidad tras su resolución.

Los representantes legales de estos inversores, el despacho de abogados estadounidense Kirkland & Ellis, han descartado prácticamente presentar demanda en los tribunales españoles, incluida una reclamación al FROB. Su proyecto pasa por demandar al Estado español a través de un arbitraje internacional. Apelarán así al tratado comercial existente entre España y México para defender las inversiones entre los empresarios de ambos países.

Fuentes jurídicas aseguran que estos arbitrajes tienen por objeto ofrecer protección a los inversores ante conflictos entre los países que han firmado dichos convenios de colaboración. Esa protección anima a los inversores a realizar operaciones en los países en los que están más protegidos.

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