Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, aprobaron la reforma que regula la subcontratación laboral (outsourcing) y establece en qué condiciones debe sancionarse; sin embargo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió posponer su análisis y discusión ante el pleno.

Por su parte, el presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal Ávila, solicitó a la Mesa Directiva posponer el análisis y la discusión de la iniciativa, impulsada por el también senador por Morena Napoleón Gómez Urrutia para que la propuesta sea analizada en Parlamento Abierto.

En la solicitud, Monreal Ávila explicó que la iniciativa requiere de mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados antes de ser tratada por la Cámara Alta, lo que dejó entrever fisuras al interior del partido gobernante sobre el tema de la subcontratación laboral.

Antes, Gómez Urrutia explicó que se había acordado, por unanimidad, presentar ante el pleno las reformas que “darán garantía a los derechos de los trabajadores subcontratados, como el pago de seguridad social, pensión e Infonavit”. En conferencia de prensa, detalló que cerca de 8 millones de trabajadores se encuentran en este sistema de subcontratación ilegal, lo que representa una pérdida de 50,000 millones de pesos en cotizaciones que no llegan al seguro social.

Indicó que existen trabajadores que ya no son parte formal de la empresa en la que realmente laboran, debido a empresas de outsourcing que generan artificialmente una relación laboral, la cual afecta al fisco federal con la expedición de facturas simuladas.

En contrapunto, integrantes de la iniciativa privada calificaron la reforma como prohibitiva y criminalizadora, además de inoportuna, pues están en marcha las negociaciones en Estados Unidos para someter a votación el T-MEC.

“Las reglas que se establecen para normar esta subcontratación destruyen la posibilidad de que se pueda trabajar en este régimen porque las restricciones que establece están considerando la subcontratación como una simulación jurídica y consecuentemente como una falta fiscal e inclusive un delito”, afirmó Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales.

De acuerdo con analistas, la propuesta de reforma da pie a que se califique una subcontratación ilegal como un fraude de simulación fiscal de delincuencia organizada, lo cual da lugar a la extinción de dominio y, en consecuencia, pone en riesgo la actividad de las empresas.

Un caso de subcontratación ilegal sería aquél en el que la empresa subcontrate a la totalidad de sus trabajadores o subcontrate a trabajadores que realicen tareas esenciales o preponderantes conforme al giro del negocio de la empresa.

En la propuesta de Gómez Urrutia, destaca la creación de un Registro Nacional de Empresas de subcontratación, que “pondrá fin a que las grandes empresas trasladen sus obligaciones a otras pequeñas, las que a su vez reportan utilidades mínimas para evadir el reparto de éstas a sus empleados”.

También propone que las autoridades laborales elaboren una serie de normas que permita certificar a las empresas que subcontratan, además de crear un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de la ley.

El senador descartó que la reforma contamine las negociaciones para someter a votación el T-MEC en EU, pues “una de las críticas más fuertes al tratado es que México no tenía la obligación de defender los derechos de las y los trabajadores (...) con esta reforma nos acercamos más a defender los derechos laborales”.

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