El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo, consideró que el dictamen que se encuentra en el Senado para crear la Ley de Contrataciones de Obras Públicas (que tiene como objetivo principal erradicar la corrupción existente en el sector), aún no genera la certidumbre que busca un inversionista, por lo que falta seguir trabajando en ello.

Entre otras cosas, los plazos que se plantean son demasiado largos y hay trámites engorrosos , lo que inhibe la participación empresarial. Debemos tener un instrumento que realmente facilite la inversión y la promueva. En la cámara seguimos recibiendo personas de otras partes del mundo con deseos de invertir sus dineros en América Latina, pero es claro que México es el país número uno en sus planes. Nosotros estamos obligados a tener elementos adecuados para captar esos recursos , comentó.

En entrevista, Arballo explicó que la nueva ley sustituiría a la de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que está vigente, y se plantea como un mecanismo de colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que participan activamente ofreciendo sus comentarios; sin embargo, creemos que aún no está terminada.

¿Qué debe ser primero, facilitar la inversión o combatir la corrupción?

Son cosas que van concatenadas. Si hacemos un alto en el camino, la corrupción tiene que atacarse de tajo y lo que dure, pero no por ello voy a parar un proceso de desarrollo de infraestructura.

¿De qué manera se limita el interés del sector empresarial?

Por la bola de requisitos que se establecen. Es una ley más engorrosa y difícil de cumplir, por eso hablamos de que hay que tomar en cuenta a los que viven los efectos de esa ley en el día a día. Si se busca mejorar hay que ir a los detalles.

Los testigos sociales tendrán más relevancia en las licitaciones.

Es otro tema, tenemos que fortalecerlo, pero también hacer responsables de los procesos a las dependencias. No puedes poner en el mismo rasero a todos. Podemos estar de acuerdo, a nivel nacional, en que se designen para obras de 1,000 millones de pesos en adelante, pero otros dirán también las de 500 millones de pesos. Son las diferencias que hay entre varias delegaciones, estados y el mismo Senado. Aunque el trabajo previo que se hizo para reformar la ley de obras está ayudando.

¿Otro elemento a considerar?

Debemos contar con la opinión del Poder Ejecutivo, porque es quien ejerce el presupuesto de obra pública y si buscamos agilidad hay que ver qué aportan.

Como parte del proceso de análisis, hay otro grupo de actores de la construcción, una asociación, ¿cómo dos fuerzas van a integrarse en este tema?

Primero no son fuerzas. Asociaciones hay en varios lugares, pero no son fuerzas. Sólo puede haber una Cámara que represente los intereses del sector. Podrá haber una asociación que tenga o represente los intereses de 10, 80 o 100, pero no de manera formal al sector.

¿Se pueden desvirtuar los intereses del sector?

Por supuesto. Muchos de los posicionamientos son los que la Cámara puso desde hace tres años y no sólo somos CMIC, vemos por toda la cadena productiva. Aunque no se puede prohibir escuchar a nadie.

¿Cuándo estiman que pueda salir la nueva ley?

No se pudo sacar en abril. Puede salir en el siguiente periodo ordinario, pero hay varios temas en la agenda de los legisladores... hay que seguirle trabajando.

Es una ley federal, pero de manera paralela se están modificando leyes estatales...

Sí, por ejemplo, en Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí o Jalisco, porque existe la necesidad de actualizarse con los sistemas estatales anticorrupción y dotar de mayor transparencia y rendición de cuentas. Además de que hay situaciones particulares en cada estado, un ejemplo son los sindicatos, que en unos casos tienen varias canonjías.

Hacia un nuevo enfoque ?a la adjudicación directa de obras

La nueva ley de contrataciones mantiene los procedimientos de adjudicación de obra mediante licitación pública abierta, licitación restringida y adjudicación directa, aunque se pretende que los dos últimos casos sean excepciones y no regla, como ha llegado a ocurrir.

La invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa no siempre ofrecen las mejores condiciones de contratación para el Estado, toda vez que reducen el número de contratistas potenciales y fomentan las prácticas de compadraje y colusión, dejando en desventaja al Estado, propiciando la opacidad y la incertidumbre jurídica , se explica en la exposición de motivos de la ley.

Por lo anterior, en el artículo 48 del capítulo destinado a las reglas generales de contratación se precisa que en los casos de licitación restringida y asignación directa se debe tener un dictamen de excepción a la licitación pública abierta, el cual debe estar incluido en el expediente correspondiente en CompraNet, lo que hoy no ocurre.

El documento, se explica, deberá ser solicitado por el área contratante al oficial mayor o su equivalente y autorizado por el comité de seguimiento. Además de la información general de la contratación, debe contener: la justificación del cumplimiento de los supuestos de excepción, la investigación de mercado, el nombre del titular del área contratante que la solicita y la firma de la cláusula, bajo protesta de decir verdad, y que no incurrió en ningún tipo de conflicto de interés que haya influido el sentido de su solicitud.

Además, para fomentar la transparencia y participación de empresas, el artículo 50 señala que para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos que limiten el proceso de competencia y libre concurrencia, por lo que en ningún caso se deben establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.

En su caso, la dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que emita la Comisión Federal de Competencia.

Nueva ley de contrataciones

  • La iniciativa de Ley de Contrataciones de Obras públicas cuenta con 238 artículos que actualmente están en proceso de análisis entre los involucrados (la actual Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas tiene 104).
  • Tiene como base la competencia, garantiza la igualdad de condiciones entre los licitantes, restringiendo y separando los supuestos relacionados con la adjudicación directa y la licitación por invitación.
  • Uno de sus fundamentos es fortalecer el régimen de responsabilidad de los servidores públicos a través del establecimiento de claras obligaciones de transparencia, impidiendo modificar o cancelar sin responsabilidades.
  • Se elimina la discrecionalidad que dificultaba la fiscalización de los recursos y el escrutinio público que efectúan terceros y se fomenta la participación ciudadana a través del fortalecimiento de testigos sociales y el comité de participación.
  • Se creará un padrón de proveedores que garantice mecanismos para promover mejores formas de contratación para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad de desarrollo de infraestructura.

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