Año tras año, el fisco pierde aproximadamente 500,000 millones de pesos a través de esquemas de factureras, es decir, aquellas empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, lo cual se hace para reducir o incluso evitar el pago de impuestos, explica Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal Federal.

Agrega que, de esta cifra, alrededor de 200,000 millones de pesos tiene que ver con los esquemas de outsourcing, los cuales son usados por algunas empresas y no sólo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la evasión, sino también a los trabajadores que ven mermadas sus prestaciones sociales, como su ahorro para el retiro, además de evadir la relación laboral.

“Estos delitos son problemas que tenemos y esta es nuestra receta para atacarlos”, dice en entrevista a El Economista.

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, diferentes instituciones han hecho un énfasis en la lucha contra la defraudación fiscal. Además del SAT y la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se ha añadido a este combate, por lo cual las tres dependencias trabajan de manera conjunta.

A partir de este año entró en vigor la reforma fiscal penal que agrava el delito de defraudación fiscal a delincuencia organizada, además de que quienes conformen a las llamadas factureras podrán ser castigados con prisión preventiva oficiosa en caso de que lo facturado sea por 7.8 millones de pesos o más. En tanto, se espera que el siguiente año, el Poder Legislativo apruebe la reforma contra el outsourcing.

Estas reformas representan mayores herramientas para que esta procuraduría pueda pelear contra estos esquemas. Son para que podamos tener las herramientas necesarias para perseguir estos delitos ”, asegura Romero Aranda.

Va mano dura, advierte. Los contribuyentes que han contratado estos servicios pueden acercarse a la autoridad y regularizar su situación, “ahí se les acaba el problema”. Pero para las factureras, el castigo es severo.

“En la empresa facturera o la que prestó ilegal no cabe la regularización. Ellos son criminales, peligrosos, y si presentamos las querellas contra ellos, no hay acuerdos reparatorios ni perdones”.

Amparos no prosperan.

A 11 meses de la reforma fiscal penal, Carlos Romero calcula, sin dar una cifra precisa, que se han presentado alrededor de 190 amparos; sin embargo, estos medios no han prosperado a favor de ellos.

“Creo que va por buen camino. Es una reforma vanguardista. Creo que todos los ataques que hubo, en el momento en que se aprobó la reforma, han quedado callados ante la implementación que hemos llevado”.

Previó y después de la aprobación de esta reforma fiscal penal, algunas organizaciones indicaron que era un tipo de “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes e, incluso, que sería utilizada para la persecución política.

Para Romero Aranda, los resultados de esta reforma han sido la autoregularización de varios contribuyentes e, incluso, que las personas dejen de comprar las facturas falsas, algo que se refleja en la recaudación ya que, si bien estamos en medio de una crisis, los ingresos por estas contribuciones no han caído como en otros años cuando la economía mostraba contracción.

Se darán plazas y prestaciones

Alistan reforma contra outsourcing en el gobierno federal

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en conjunto con otras autoridades, alistan una nueva reforma en contra del outsourcing, pero ahora enfocada al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, detalló Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

En entrevista, el encargado de la Procuraduría refirió que estas modificaciones estarían en una reforma aparte de la que, actualmente, se dialoga con el sector privado y la cual se espera se discuta en el Legislativo en el siguiente periodo de sesiones.

La nueva reforma contra el outsourcing, añadió, se presentaría antes de que acabe el año y ayudaría a que todos los trabajadores que son contratados en el gobierno tengan sus prestaciones sociales, se les reconozcan sus derechos laborales y no se les menoscabe.

De esta manera, quienes estén haciendo actividades esenciales para el gobierno tendrán que ser regularizados, para lo cual se darán plazas y las prestaciones de seguridad social a las que, como cualquier trabajador de la economía formal, se tiene derecho.

En semanas pasadas, el presidente López Obrador aseguró que aquellos trabajadores que se encontraran subcontratados serán contratados de base, es decir, obtendrían una plaza.

“Vamos a establecer un mecanismo para que tengan sus bases. Vamos a predicar con el ejemplo, como siempre lo hemos hecho ”, anunció en una de sus conferencias matutinas.

De acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno de López Obrador asignó alrededor de 50 contratos con empresas de subcontratación entre el 2019 y este año, en donde están involucrados alrededor de 28,800 trabajadores.

ana.martinez@eleconomista.mx