Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó las reformas aprobadas por el Congreso a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos para trasladar las facultades del control y administración de los puertos del país de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (Semar).

Al nombrar a la Capitana de Altura de la Marina Mercante, Ana Laura López Bautista, como Coordinadora General de Puertos y Marina, y quien será la responsable de esta transición, el presidente López Obrador hizo efectiva su idea de militarizar las operaciones portuarias, con el fin de combatir la corrupción y el contrabando de drogas como el fentanilo y otros precursores químicos en los 102 puertos y 15 terminales fuera de puerto del país.

“Vamos a poner orden en el manejo de los puertos (...) para que se combata la corrupción en los puertos, para que se combata el contrabando, para que se combata el ingreso de drogas, sobre todo de fentanilo”, fue parte de sus argumentos.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el titular del Ejecutivo federal fijó un plazo de 180 días (seis meses) para la entrada en vigor de ese traslado de facultades, y para que la Secretaría de Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias, expida las modificaciones del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del Reglamento de la Ley de Puertos, del Reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria y de las disposiciones administrativas correspondientes.

Las reformas establecen que la Secretaría de Marina será responsable de ejercer la Autoridad Marítima Nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales; así como, en su caso, aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia.

Entre las facultades que se dan a la Marina están: administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios. Además de regular las comunicaciones y transportes por agua, así como formular y conducir las políticas y programas para su desarrollo, entre otras.

empresas@eleconomista.mx