Sector vivienda pide clasificación de bajo riesgo en Ley Antilavado

Las recientes reformas a la Ley Antilavado llevaron a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) a solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que el sector vivienda sea clasificado como de bajo riesgo, debido a que 96% de las operaciones de sus empresas afiliadas se financia mediante organismos públicos e instituciones bancarias, lo que permite mantener la trazabilidad de los recursos.

De acuerdo con Carlos Eduardo Ramírez Capó, presidente de la Canadevi, entre los organismos públicos que financian estas operaciones se encuentran Infonavit y Fovissste, además de las instituciones bancarias.

“En el caso de los socios de Canadevi, 96% de las operaciones, básicamente todas, cumplen con la trazabilidad del recurso y de los clientes. El criterio que estamos buscando será un tema de consulta con la autoridad correspondiente (la UIF), para que todas esas operaciones se clasifiquen de bajo riesgo”, comentó el líder del sector durante el 6to Foro Financiero.

¿Qué busca el sector vivienda con la Ley Antilavado?

Con los cambios recientes a la Ley Antilavado se establecieron más de 100 acciones específicas para quienes realizan actividades vulnerables en México. Entre ellas se encuentra el sector inmobiliario y de la construcción para venta o renta, cuyos participantes deben implementar medidas que van desde la creación de manuales de operación hasta mecanismos para identificar clientes.

Con una clasificación de bajo riesgo, la Canadevi busca que las empresas de vivienda cuenten con un esquema administrativo simplificado y ágil, sin reducir las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

“Esto no implica no cumplir con las reglas. (...) Nosotros tenemos muy pocas operaciones de contado; para todas (las que rebasan el umbral y las que no) hacemos los análisis y avisos correspondientes”, aseguró Ramírez.

La Ley Antilavado forma parte de la cooperación de México a nivel internacional a través del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el manejo de recursos de procedencia ilícita.

El nuevo reglamento fue publicado en agosto del 2026, con plazos de aplicación hacia el 2027 y auditorías obligatorias en el 2028. Además, establece una clasificación de operaciones de alto, medio y bajo riesgo.

¿Cuáles son las obligaciones de vivienda ante la Ley Antilavado?

Fausto Bañuelos, de NEXUM SAU, especialistas en prevención de lavado de dinero (PLD), explicó que en las operaciones de compraventa de vivienda es obligatorio:

• Identificar al cliente.
• Integrar un expediente.
• Presentar un aviso cuando la operación rebasa las 8,025 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), equivalentes a alrededor de 941,000 pesos.

El alcance de la Ley Antilavado también implica riesgos económicos para las empresas del sector, debido a que las multas son acumulables.

Por incumplimiento de obligaciones, las sanciones pueden ir de 200 a 2,000 UMAs, equivalentes a entre 23,000 y 234,620 pesos.

Por otro lado, la omisión o realización de operaciones prohibidas puede implicar sanciones de 10,000 a 65,000 UMAs o hasta 100% del valor del acto.

“Esto es algo que también necesitamos tocar con la autoridad, porque las sanciones no distinguen entre el dolo y la omisión, se castiga de la misma forma a algo ilícito que un expediente incompleto”, dijo Ramírez.

¿Cómo refuerzan sus controles las desarrolladoras de vivienda?

Actualmente, la Canadevi está integrada por 600 empresas desarrolladoras de vivienda en todo el país. El presidente de la cámara afirmó que todas han enfocado esfuerzos en establecer equipos especializados en prevención de lavado de dinero, una medida que representa un costo administrativo, pero que resulta indispensable para reducir riesgos financieros mayores.

“La cosa es tan grave que nos da la impresión de que la autoridad está genuinamente preocupada, porque se ha dado cuenta de que si hace verificaciones a profundidad va a reventar a siete de cada 10 unidades. Realmente quieren que se cumpla, tenemos presión internacional”, aseguró Fausto Bañuelos.

El especialista recordó que, en el 2013, cuando la Ley Antilavado entró en vigor para el sistema financiero, existían más de 4,300 centros cambiarios y hoy quedan cerca de 400. "El mercado de dólares se transformó y ese era el objeto de la ley. Ahora el foco está en actividades vulnerables, como la construcción y la vivienda”.