Sector inmobiliario enfrenta nuevo riesgo legal tras designación de cárteles como terroristas

En enero del 2025, en Estados Unidos se emitió una orden ejecutiva para calificar a ciertos cárteles de narcotráfico como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida busca intensificar los esfuerzos contra estos grupos mediante la imposición de sanciones más severas, lo que también implica riesgos para el sector inmobiliario en México.

La orden impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, abre la posibilidad de que las organizaciones privadas vinculadas a actividades del narcotráfico tengan consecuencias legales y financieras.

Los cárteles que tienen base en México y que han sido designadas como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos son:

• Cártel de Sinaloa.
• Cártel de Jalisco Nueva Generación.
• Cártel del Noreste.
• La Nueva Familia Michoacana.
• Cártel del Golfo.
• Cárteles Unidos.

Con esta designación, las empresas vinculadas con dichas organizaciones tienen el riesgo de ser sancionadas con penalizaciones civiles y criminales, congelamiento de activos, la prohibición de realizar transacciones financieras en el sistema bancario de Estados Unidos, procesos judiciales federales, multas sustanciales y hasta posibles penas de prisión.

María Esther Rey, socia del despacho legal Pérez-Llorca en el área inmobiliaria, indicó que la designación de terrorismo a los cárteles es aún ambigua y delicada, ya que en México la línea entre empresas coludidas con grupos delincuentes y víctimas de los mismos es delgada.

“Hay una parte que es difícil de reconocer, pero es una realidad, tenemos dos mundos en el país: la institucional del negocio inmobiliario y la operación diaria que enfrenta retos que van más allá de la capacidad de control de las empresas, como el cobro de derecho de piso. El cómo y el por qué serán muy importantes en esta orden por parte de Estados Unidos”, comentó la especialista.

Expuestas al lavado

Una de las debilidades de México son las deficiencias en la transparencia para la propiedad inmobiliaria y en la regulación contra el lavado de dinero, según el Opacity in Real Estate Ownership (OREO) Index 2025, elaborado por Transparency International y el Anti-Corruption Data Collective.

De acuerdo con el informe, el país obtuvo cero puntos en la categoría de “apertura de datos”, ya que los registros no están disponibles en formatos descargables y la mayoría de los estados cobra por consultar la información.

Tampoco se exigen medidas reforzadas de debida diligencia ni siquiera en transacciones de alto riesgo y tampoco impone la verificación activa de los beneficiarios reales de los inmuebles, lo que representa un vacío legal importante.

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, obliga al sector inmobiliario a sujetarse a dicha normativa, especialmente a las firmas dedicadas a la construcción, el desarrollo, la intermediación y la compraventa de bienes inmuebles.

Dentro de sus obligaciones con la normativa, estas firmas deben realizar la identificación de sus clientes y presentar avisos al Servicio de Administración Tributaria cuando sus operaciones superen los umbrales previstos en la ley.

En este sentido, el informe resaltó que el SAT tiene una limitada capacidad operativa, pues tiene que supervisar a más de 65,000 entidades y profesionales que realizan otras actividades previstas en la ley, como el traslado o custodia de valores, donativos, juegos y sorteos, blindajes, entre otras.

Reforzar medidas de protección

Dadas las decisiones políticas y económicas que ha tomado el presidente estadounidense Trump, Rey remarcó que tanto el gobierno federal como el sector privado de los bienes raíces deben reforzar medidas para proteger la inversión y evitar que sea un sector inmobiliario vulnerable a operaciones encubiertas que debiliten el Estado de derecho y la integridad financiera.

Así, las empresas tendrán que implementar procesos más estrictos de debida diligencia para develar quiénes son las partes involucradas y la fuente del capital para fondear sus proyectos, con el fin de evitar al máximo la perspicacia de que pueda haber algo ilícito.

Rey recomendó fortalecer los contratos con cláusulas precisas para cada una de las partes involucradas, que incluyan consecuencias, incluso, sanciones para quienes declaren falsamente o resulten ser personas con capital no lícito.

“Es una designación arbitraria, pero puede ayudar a mejorar los procesos empresariales en México. Hay muchos flancos por abordar. Una de las mayores preocupaciones para la inversión inmobiliaria es la seguridad, el gobierno debe crear programas para apoyar a las industrias mexicanas, tiene ese interés y las empresas de la industria inmobiliaria están ansiosas de seguir invirtiendo en México. Apetito hay, pero necesitamos apoyar para que siga floreciendo”, añadió.