Advierten riesgos y limitaciones en la propuesta oficial de reducción de jornada laboral

La discusión en torno a las reformas a la Ley Federal del Trabajo, particularmente aquella que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, “ha puesto de relieve profundas preocupaciones sobre el equilibrio de poder en las relaciones laborales en México. Las reformas laborales posteriores al 1 de mayo de 2019 en general, sugieren que la legislación actual y propuesta podría estar socavando los derechos de los trabajadores en lugar de protegerlos”, afirmó Pablo Franco, abogado de ILAW Network.

Luego de un análisis de la propuesta que se analizará en los próximos días en el Senado, expuso que “el punto medular de la controversia radica en la potestad que, de facto, se otorga al patrón para establecer la distribución de la jornada. Al permitir que sea la parte empleadora la que determine cómo se reparten las horas de trabajo, se compromete seriamente el derecho de las personas trabajadoras al tiempo libre. Esta medida se ampara en la pretensión de que las partes pueden ‘ponerse de acuerdo’, un supuesto que resulta insostenible en el contexto laboral mexicano.

En este escenario, cualquier reforma que dependa de un acuerdo bilateral voluntario para proteger los derechos del trabajador termina, en la práctica, agravando la unilateralidad patronal. “La consecuencia directa es el detrimento de los intereses de las personas trabajadoras, al mantener una estructura que ya favorecía al patrón”, destacó.

Esta persistente unilateralidad contrasta con el espíritu de modernización y equilibrio buscado a través de instrumentos internacionales como el Anexo 23-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Dicho anexo establece la necesidad de una bilateralidad auténtica y la negociación colectiva para equilibrar los derechos de las partes. Al agravar la unilateralidad, la reforma en cuestión podría representar una violación a las disposiciones de este tratado comercial”, indicó el especialista.

El análisis apunta, dijo, a un alejamiento de la política de recuperación de derechos laborales impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para acercarse a los modelos de gestión laboral que caracterizaron a los gobiernos catalogados como neoliberales. “Este cambio, de concretarse, implicaría un riesgo para la agenda progresista en materia de derechos de los trabajadores y una consolidación de las prácticas que limitan el poder de negociación de la fuerza laboral en el país”.

No hay dos días de descanso

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, sostuvo que la reforma constitucional de 40 horas es insuficiente si no garantiza dos días de descanso a la semana.

Subrayó que esta medida es crucial para que los trabajadores, sobre todo los jóvenes, logren un equilibrio entre la vida personal y laboral, evitando que el trabajo consuma su existencia.

Recordó que, a pesar de las largas jornadas, México se mantiene entre los países con menor productividad y mayor estrés laboral, lo que hace de los dos días de reposo una necesidad urgente para la salud y el bienestar.

Mercado contrastó su propuesta, que busca establecer dos días de descanso por 40 horas, con la iniciativa del Ejecutivo Federal. Advirtió que el proyecto de dictamen que avanza en el Senado solo mantiene el esquema de un día de descanso por cada seis días trabajados.

Según la legisladora, esta diferencia fundamental compromete la calidad de vida de los trabajadores y representa un distanciamiento del auténtico sentido de justicia social que debe buscar la reforma laboral.