Lectura 2:00 min
Narco inhibe inversión pública a nivel municipal
La inversión pública disminuye en promedio casi 200 pesos por habitante en los municipios con presencia de organizaciones criminales en México, de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana.
La inversión pública disminuye en promedio casi 200 pesos por habitante en los municipios con presencia de organizaciones criminales en México, de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana.
La investigación titulada “Cuando el crimen entra al ayuntamiento: crimen organizado y finanzas municipales en México” mostró una reducción media de 315 pesos en el gasto municipal no etiquetado por persona, equivalente a 6.3% del promedio observado en la muestra.
De este total, 196.61 pesos por persona corresponden a una menor inversión pública, lo que representa cerca de dos terceras partes de la contracción estimada en el presupuesto municipal.
“Esto significa que el impacto económico asociado con la presencia criminal no se limita a las actividades productivas o comerciales, sino que también alcanza a los recursos públicos que los ayuntamientos pueden destinar al desarrollo de infraestructura”, indicó el documento.
El estudio documentó diferencias según la dinámica operativa de los grupos delictivos en las localidades. El hallazgo más relevante señala que los municipios con presencia de tres o más organizaciones registran una disminución estadísticamente significativa en el gasto público no etiquetado y en la inversión pública.
El análisis explicó que una menor capacidad de inversión pública representa un obstáculo adicional para mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales.
“El estudio no establece que las reducciones observadas en inversión pública sean consecuencia directa de órdenes de los cárteles, desvíos de recursos o acuerdos ilegales específicos, sino que documenta asociaciones entre la presencia criminal y las modificaciones en las finanzas municipales”, se lee en el texto.
La investigación fue elaborada por la maestrante Andrea Tapia y los profesores investigadores César Velázquez y Juan Carlos Ángulo. El equipo analizó información de las finanzas públicas y la incidencia de organizaciones delictivas en 2,250 municipios mexicanos, con un periodo de estudio comprendido entre el 2000 y el 2024.